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Biel Barceló firma la continuidad de la base de investigación de La Mola

Pero se topa con los empresarios de PIME por el alquiler turístico

Biel Barceló durante su visita a la estación Jaume Ferrer.

El vicepresidente Biel Barceló  firmó este miércoles el convenio de colaboración con el que se garantiza la continuidad de la actividad científica en la Estación de Investigación Jaume Ferrer de la Mola en Maó. Esta infraestructura, cofinanciada con fondos europeos FEDER, está integrada en la Red de Estaciones de Investigación de las Illes Balears, localizadas en distintas islas y zonas del archipiélago con el objetivo de promover, facilitar y potenciar el conocimiento sobre los recursos naturales de nuestras islas.

Desde 2009, el Centro Oceanográfico de Baleares (COB-IEO) desarrolla actividades científicas en La Mola, gracias al convenio de colaboración mediante el cual el Ministerio de Defensa, de quien es propiedad la antigua «Batería de Punta Afuera» otorga una concesión a favor del Govern de les Illes Balears por un período de 15 años a 75 años.

La estación seguirá funcionando tras renovarse el convenio de colaboración.
La estación seguirá funcionando tras renovarse el convenio de colaboración.

Algunas de las actividades realizadas por el IEO en la Estación han consistido en la puesta en marcha y consolidación de programas de seguimiento científico; como pueden ser; las campañas de seguimiento de algas invasoras; el seguimiento de gredars del norte de Menorca, o la evaluación de la calidad del agua costera para cartografía CARLIT. Asimismo, el IEO también realiza en la estación científica proyectos de investigación experimental; transferencia de tecnología y conocimiento científico; y multitud de actividades de divulgación y de formación.

Pero no toda la visita del vicepresidente Barceló ha si tan plácida. En su encuentro con PIME Menorca los empresarios le han manifestado su rechazo a la propuesta de ley de alquiler turístico. Dos son las principales quejas. La primera es que el Govern cede a los ayuntamientos la potestad de designar las zonas en las que se podrán alquilar viviendas de este tipo. Esto implica una revisión del Plan general que puede tardar siete u ocho años. Más de lo que están dispuestos a esperar.

También señalan que mucha gente que alquilaría sus casas son pequeños propietarios que no podrían afrontar el pago de una plaza que rondaría los 3.500 euros.


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