El consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, acompañado del director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, ha anunciado este lunes que la primera ley del cambio climático de las Islas Baleares será una de las prioridades del nuevo curso político y ha adelantado que el objetivo es que el Govern pueda aprobar el anteproyecto en el primer trimestre de 2018 para que entonces la norma inicie la tramitación parlamentaria.
La ley tiene que ser el marco legal que permita alcanzar el objetivo de emisiones cero en el año 2050 en las Islas Baleares y que permita adaptar los diferentes sectores de las Islas a los cambios que ya están en marcha y a los que la comunidad científica alerta que pueden acaecer.
En esta línea, el consejero ha destacado que este Govern ha tomado medidas concretas en coherencia con este objetivo, como la compra de energías renovables, el fomento del autoconsumo, el impulso del vehículo eléctrico, las líneas de subvención, la tramitación de proyectos renovables o el Plan de Transición Energética, que pretende por primera vez definir el futuro energético de las Islas desde aquí con medidas concretas como el cierre de los centros de producción energético más contaminantes y la implantación de sistemas de generación renovable, pero que es evidente que se necesita un marco legal para alcanzar los objetivos marcados.
“Es imprescindible un marco legal, la futura ley del cambio climático, que implique a las administraciones pero también al conjunto de la sociedad a corto, medio y largo plazo, y que defina líneas de acción todavía más amplias para hacer posible el objetivo principal de hacer de las Islas Baleares un espacio sin emisiones y resiliente al cambio climático”, ha añadido el consejero.
Así, en la primera fase de preparación de esta ley se ha llevado a término un proceso participativo con el fin de recoger la opinión de la sociedad sobre la influencia del cambio climático en las Islas Baleares y el resultado avala la necesidad de tomar medidas de manera urgente.
Se han recibido unas 2.000 respuestas individuales y se han realizado talleres de debate ciudadano y sectoriales con participación de más de 35 empresas, entidades, asociaciones y también partidos políticos.
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