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“Existen violencias invisibles a las que los menores están expuestos a diario”

Entrevista a Serafín Carballó, director de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor

Carballó, durante la entrevista.
Carballó, durante la entrevista.

La Oficina de Defensa de los Derechos del Menor (ODDM) de Balears atendió a un total de 2.608 llamadas en 2017,año en el que realizó 279 actuaciones de las cuales se abrió expediente a 159 por posible vulneración de los derechos de un menor. Son datos de la Memoria 2017, que el director de la oficina, Serafín Carballó entregó el pasado ocho de agosto al presidente del Parlament, Baltasar Picornell. El documento hace un análisis del cumplimiento de los derechos de los menores en las Islas y mallorcadiario.com ha querido conocer las conclusiones que se extraen de esta Memoria 2017 y cómo actúa la ODDM en caso de vulneración de los derechos de un menor de la mano de su director, Serafín Carballó.

 

¿Cuál es la función de la ODDM?

 En 2017 se cumplieron 20 años de su puesta en marcha y el decreto de constitución de la misma determina nuestras funciones que son las de atender quejas o agravios sobre presuntos casos de vulneración de los derechos de los menores; éstos son los recogidos por la Convención de los Derechos del Menor, que no debe confundirse con los derechos de los padres. Además, promovemos mejores en la atención a la infancia en Balears; ofrecemos recomendaciones o alternativas sobre mejoras en la atención a los menores, por tanto, nuestra función podríamos decir que es de observatorio y seguimiento. Lo que no está permitido, porque así lo marca nuestro decreto de constitución, es intervenir en procesos judiciales o administrativos, eso debe quedar bien claro.

 

¿Cómo actúan en caso de una vulneración de derechos de un menor?

Cuando observamos que hay una presunta vulneración de los derechos de un menor abrimos un expediente de investigación y planteamos a Fiscalía el resultado de nuestro expediente o en su defecto también podemos plantear el caso al Defensor del Pueblo, pero en cualquier caso debe ser Fiscalía el que tome una decisión o que el Defensor del Pueblo promueva una investigación, ya que ellos sí tienen más competencias que nosotros. Tenemos nuestras limitaciones y, en ocasiones, hay confusión en cuanto a qué competencias tenemos.

En 2017, la ODDM realizó un total de 279 actuaciones que derivaron en la apertura de 157 expedientes. ¿Cuándo se decide abrir expediente?

La mayoría de llamadas son para consultas o asesoramiento, tanto de particulares como de profesionales y versan sobre diversos temas, como el asesoramiento legal o de otro índole sobre situaciones que se encuentran en el día a día, por tanto, contamos con una línea de asesoramiento que intenta clarificar, uno por uno, todos los casos que nos llegan. Cuando creemos que uno de estos casos podría ser constitutivo de una vulneración de derechos del menor es cuando abrimos el expediente. Podemos decir que hay tres niveles: uno de asesoramiento, uno de recepción de quejas y de solución en primera instancia y otro de apertura de expediente.

¿Cómo se resuelve el expediente si no tienen potestad sancionadora?

Por una parte, pedimos a las autoridades implicadas que nos presenten las actuaciones realizadas relativas a ese caso en concreto, y por otra parte, recabamos el máximo de información sobre el caso y una vez analizada, trasladamos a Fiscalía el expediente. Nuestro papel es un papel de mediación entre padres/familiares y las instituciones y de vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones dadas desde la ODDM.

En la memoria de actividad de 2017 se recoge que, en 2017, más de 1.800 menores de edad llamaron al teléfono de la Fundación Anar por motivos relacionados con el maltrato (físico, de género, en el ámbito escolar…), eso es un 70 por ciento del total de llamadas, que fueron 2.608. ¿No cree que son cifras muy altas?

Nosotros tenemos contratados este servicio (Fundación Anar) y lo que ellos ofrecen es un equipo multidisciplinar que realizan un asesoramiento especializado. La gran mayoría de llamadas que se reciben por este hecho se resuelve mediante la mediación. El número de actuaciones que después se concretan disminuye mucho, con lo que esta cifra nos habla de una gran cantidad de llamadas o consultas de menores, pero no de actuaciones en sí. Lo que hemos podido observar es que el número de llamadas que se realizan desde Balears son la mitad de las realizadas desde otra comunidad, ya que la Fundación Anar tiene convenio con otras CCAA. Con esto le quiero decir que nos gustaría que hubiera más llamadas si eso significa que los menores buscan más apoyo y visibilizan sus miedos o los comparten en forma de consulta. Las diferentes tipologías de presuntos maltratos vienen derivadas por muchos motivos, tanto de sexo como de raza o de religión y cuando un menor se siente agraviado, tanto en el ámbito familiar como en el escolar o el deportivo, etc. debe llamar para ponerlo en conocimiento y, a partir de ese momento, activaremos los mecanismo para solucionar el caso. En muchas ocasiones, para los menores es más fácil hablar con un extraño que con su propio entorno y poder averiguar si su caso es constitutivo de cualquier tipología de maltrato. Los adolescentes son reticentes a hablar con sus padres de temas que les preocupan, ahí es donde entramos nosotros. No debe haber un niño ni un adolescente que se quede con la duda de si lo que le está ocurriendo constituye un maltrato.

¿Cuáles son los casos más habituales en estas llamadas?

Los motivos principales son de casos de violencia genérica contra el menor, que constituyen un 70 por ciento de las consultas realizadas. El 33 por ciento es relativo a maltrato físico y en un 16 por ciento, maltrato psicológico.

¿Qué necesita el menor, hoy en día, para sentirse protegido? ¿Cuáles son sus demandas, además de un teléfono al que acudir?

Nuestra sensación es la de que vivimos en un entorno donde hay una violencia visible y otra que no lo es. El control, el maltrato físico y/o emocional se hace visible pero luego hay otro que no se ve; cuando una familia es desahuciada, ese niño está sufriendo violencia; si una familia se ve obligada a pagar alquileres desorbitados también el menor sufre y eso es una forma de violencia; cuando los padres tienen jornadas laborales interminable y no pueden estar en familia con sus hijos, también es una forma de violencia. Existen violencias invisibles a la que los menores están expuestos a diario, tanto en el ámbito familiar como en internet ,que hacen que ese menor crezca con unos valores erróneos y eso, también es violencia. El menor necesita valores que no encuentra hoy en día; se están encontrando un mundo con una falta de respeto y de compasión por el débil, una falta de solidaridad con los demás y este es el espejo en el cual se miran. Hemos de pensar que cuando hay un caso de ‘bulling’, algo hay detrás de ese comportamiento; el niño no nace agresivo sino que reproduce patrones que ve en la sociedad por lo que hemos de ser consientes de que el problema del maltrato y la violencia es un tema a abordar en toda su amplitud y no debemos criminalizar a los adolescentes o a los menores.

¿Cómo se protegen los derechos del menor cuando llegan de otra cultura diferente en la que los patrones sociales distan mucho de los comúnmente aceptados en la nuestra?

En el planteamiento de los derechos de la infancia desde la perspectiva de las diferentes culturas debe tener presente las singularidades, estilos de educación y pautas y debemos tratar de entenderlas y, desde el entendimiento, tratar de acercarnos y ver de qué forma podemos revertir la situación. Me explico; no podemos aplicar de manera literal o radical la normativa española y llevarle a un centro ya que el desarraigo del niño del ambiente familiar es peligroso. En un centro el estándar de vida es muy diferente, en muchas ocasiones, al de la familia, por lo que apostamos por ser extremadamente cuidadosos en estos casos; primero debemos conocer su cultura y de qué forma se abordan las situaciones diarias de educación y si consideramos que no es correcta aplicar la norma española pero ofreciendo mucha más pedagogía y recursos a los padres. Debemos ayudar a que entiendan que, si en su cultura un bofetón es lo normal en la educación, aquí no lo es. En la mayoría de los casos esos padres creen que es lo correcto y que no se les debe cuestionar la autoridad, así que hay que tratar de hacerles entender que la autoridad no está reñida con los derechos del menor. Hay que ser muy cuidadosos, porque normalmente estas conductas se dan entre los colectivos inmigrantes y hay que ser muy pedagógicos con esos padres.

Hay adolescentes que, por una causa u otra, acaban en los diferentes centros que hay en Mallorca. ¿En qué situación se encuentran Es Pinaret y Es Fusteret? Son de sobra conocidos los casos de fugas, incendios e incluso alguna muerte. ¿Cree que son centros seguros y con todas las garantías para los menores?

En estos momentos, Es Pinaret es uno de los centros del Estado con más personal por interno. La desgraciada muerte del menor fue el detonante para realizar todas las mejoras en cuanto a personal y, en estos momentos, el número de personas que trabajan allí es un contingente importante.

Pero el día de la presentación ante el presidente del Parlament de la memoria de actividad de 2017 alertó de la “necesidad imperiosa” de mejorar estos dos centros, ¿a que se refería entonces?

Debemos pensar en un lugar más adecuado. Es Fusteret no estaba pensado para albergar un centro de estas características y en Es Pinaret se debe afrontar una reforma muy importante. Cuando yo planteo en la memoria esa necesidad imperiosa me refiero a un tema arquitectónico. Me consta que la consellera tiene la “obsesión” de hacer esas reformas de una forma acelerada, cuanto antes mejor, pero la tramitación administrativa lleva su tiempo y el parque inmobiliario tampoco permite afrontarlo de manera inmediata; los precios son los que son, no los ponemos nosotros y todo se complica.

¿Cómo se afrontan las conductas de algunos adolescentes?

Hay que ver más allá de las conductas violentas de los adolescentes. Es cierto que cuando un menor delinque crea alarma social y obvio que debemos darle respuesta pero debemos mirar hasta qué punto nosotros, como sociedad, somos responsables de esas conductas. Cuando un niño de dos o tres años tiene conductas que no las calificaríamos de ‘habituales’ hay que identificarlo antes de que se convierta en adolescente y dar la respuesta adecuada y quizá no somos conscientes. En Balears, el tema de la prevención ha sido muy endeble; tenemos la asignatura pendiente de potenciar los recursos de prevención para darles el apoyo necesario a las familias. Las políticas de protección deben versar en torno a potenciar los recursos a las familias y ser consientes de que hay familias vulnerables que necesitan unos recursos especiales y no se las puede dejar solas. Me consta que en el proyecto de Ley de la Infancia hay un refuerzo muy importante a nivel de recursos comunitarios de apoyo a las familias. El perfil del adolescente problemático ya no es el que roba si no que es más de tendencia agresiva hacia los demás y hacia su propia familia y esa tendencia viene dada por el abandono escolar y la falta de estímulos positivos.


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