Mucho se ha debatido en los últimos años sobre la sensación de masificación turística y si han de venir más o menos turistas a Menorca. Aunque no se nos escapa que el tema es muy complejo, lo que los indicadores señalan como incuestionable y preocupante es que el turismo, aunque sea la piedra angular de nuestra economía, no ha mejorado la renta per cápita disponible de los menorquines, que ha pasado de 26.000 € en 2000 a 24.500 € en la actualidad (en precios constantes de 2024). Se trata de una realidad que no solo se explica por el crecimiento demográfico, sino por el bajo nivel medio de los salarios (alrededor de un 7% por debajo de la media española) y la acusada estacionalidad. Nuestro índice de productividad también se sitúa por debajo de esa media al ser el turismo —entiéndase en sentido amplio y con las excepciones que correspondan— un sector maduro, muy intensivo en mano de obra y con escasa innovación. Así pues, con una productividad estructuralmente baja, el sector turístico, tal como funciona en la actualidad, resulta insuficiente como impulsor de nuestra economía. Es, pues, necesario revertir urgentemente una situación que, a su vez, resta competitividad a los otros sectores.
Para alcanzar este objetivo, es preciso avanzar urgentemente hacia un cambio del modelo económico menorquín que no resulte traumático. Ello implica repensar y rediseñar el futuro de nuestra economía en su conjunto, aunque sin perder de vista que el turismo seguirá siendo nuestra principal fuente de riqueza. En otras palabras, el futuro de Menorca no solo hay que predecirlo, sino crearlo entre todos mediante el replanteamiento de la principal palanca de nuestra economía. Es necesario, pues, ampliar la perspectiva y evolucionar desde estrategias centradas únicamente en la sostenibilidad turística hacia un enfoque de diversificación económica, ya que el mercado no corregirá por sí solo el rumbo negativo del primer cuarto del siglo XXI.
Anticiparse a los cambios es esencial para gestionarlos y no quedar limitados a reaccionar a los acontecimientos. Pero afrontar este ambicioso desafío exige una fase previa de reflexión y maduración colectiva. Por un lado, los empresarios han de liderar el cambio y los políticos acompañar el proceso. Por otro lado, la ciudadanía, ya
sensibilizada ante la masificación, percibe que el modelo turístico actual ha perdido gran parte de su rentabilidad social, por lo que apoyará iniciativas que aporten valor. Si se logra esta concienciación transversal, el diagnóstico sobre los grandes problemas y sus potenciales soluciones puede resultar compartido por una mayoría social.
El principal escollo para materializar esta transformación radica en la visión cortoplacista de la clase política, que, rehén de los ciclos electorales, dificulta la implantación de soluciones estratégicas que requieran tiempos largos para dar frutos. Esta falta de coraje para regular aspectos estratégicos responde a la perversión de un sistema político que prioriza el beneficio electoral a corto plazo. Superar esta parálisis requiere altura de miras y un amplio consenso social para impulsar una transición que trascienda una sola legislatura, por lo que es necesario propiciar la participación de la sociedad civil. Es el momento de que la clase política aparque sus confrontaciones y descalificaciones mutuas para buscar tanto el interés común como soluciones reales. Solo hay que cambiar de mentalidad, poniendo el foco en mejorar, o al menos preservar, el patrimonio. Sabemos que todo cambio genera ganadores y perdedores, pero la inacción actual solo nos conduce a que perdamos todos.
Por otro lado, un mayor diálogo social contribuiría a reducir el riesgo político y podría desbloquear la situación. La sociedad menorquina, ilustrada, cohesionada, vertebrada y comprometida, está dispuesta a participar. Solo es necesario articular un gran foro de debate que represente los diversos intereses presentes con el objetivo de aportar ideas y alcanzar acuerdos. Hoy más que nunca es imprescindible una gobernanza público privada, pues los diferentes sectores productivos conocen mejor que la Administración la realidad de cada ámbito. Formentera es un ejemplo de que las propuestas de cambio pueden ser debatidas y compartidas por la sociedad civil.
Esta reflexión resulta tan evidente que ya se han dado pasos en esta dirección, aunque con eficacia limitada, como demuestra la creación por parte del Govern de les Illes Balears del Pacto por la Sostenibilidad. El resultado ha sido un extenso documento que busca establecer un diagnóstico y, a partir de ahí, escenarios, directrices estratégicas y líneas de acción para futuros desarrollos normativos. Es, en definitiva, una hoja de ruta para la transformación del modelo económico del archipiélago. Sin embargo, este proceso ha tenido una baja aceptación debido, quizá, a su carácter meramente consultivo y a un enfoque excesivamente ambicioso, tanto en el ámbito geográfico como en el competencial. No todas las islas ni todos los sectores tienen los mismos problemas ni requieren las mismas soluciones, sino que deben adaptarse las políticas a la singularidad de cada territorio insular. No obstante, la metodología del Pacto por la Sostenibilidad sigue siendo válida si se aplica específicamente al caso menorquín.
Este proceso, además, debería abarcar la sostenibilidad en sentido amplio, ya que la urgencia de las correcciones sociales y ambientales es incluso mayor que la de las económicas, pese a que la economía siga siendo la principal palanca de cambio. El dilema no debe ser elegir entre la competitividad económica a corto plazo y la
sostenibilidad a largo plazo, sino gestionar un crecimiento equilibrado que respete un uso adecuado del territorio y de los recursos naturales.
En conclusión, consideramos que un gran pacto a largo plazo no es tan solo deseable, sino posible para evitar que las ideologías políticas contaminen y comprometan la transición durante la que habrán de tomarse decisiones valientes y comprometidas como, por ejemplo, fijar límites al número de turistas y vehículos en los meses álgidos del verano, impulsar la electrificación del parque móvil o impedir la compra especulativa de vivienda. Por otro lado, el sector industrial y el agrario deben ganar mayor protagonismo en este desarrollo económico, potenciando la economía circular para un progreso más estable. Además, Menorca dispone de una ventaja comparativa: una herramienta normativa propia, el Plan Territorial Insular (PTI), que podría dar cobertura legal a muchas de las soluciones propuestas.
Maó, 6 de marzo de 2026