Skip to content

Más de 350.000 euros en multas por derribar un yacimiento talayótico en Ciutadella

Miguel Angel Maria defiende la necesidad de imponer una "sanción ejemplar" en el caso de Son Aparets Vives

Sanción ejemplar.
Sanción ejemplar.
Se desestima el recurso y se mantienen todas las cantidades.

Menorca está implicada de lleno en la carrera para que la cultura talayótica sea considerada Patrimonio Mundial por la Unesco. Y las administraciones quieren ser ejemplares. Quizás por ello, el conseller de Cultura, Miguel Ángel Maria, ha dado hoy a a conocer la propuesta de resolución que presentará en el pleno de la institución insular que se celebrará el próximo 21 de noviembre en relación al expediente sancionador por realización de obras sin autorización en el lugar de Son Aparets Vives, emplazado en el término municipal de Ciutadella. En total, se mantienen los más de 350.000 euros en multas para los precursores de las obras.

Así, desde el Consell apuntan que “la conclusión del informe de los Servicios Jurídicos -fechada el pasado de agosto de 2016- es clara: el recurso extraordinario de revisión se debe desestimar, y se han de ratificar las sanciones impuestas en 2013”. A su vez, también apuntan que la Comisión Técnica Asesora de Patrimonio Histórico ha dictaminado a favor de esta resolución

Fuentes de la institución insular también recuerdan que que el pasado 19 de octubre, el Consell Consultiu de les Illes Balears emitió el dictamen número 136/2016, a petición del Consell, que “da la razón al planteamiento defendido por los servicios jurídicos y por el el actual equipo de gobierno de la institución insular, en el sentido de que se debe desestimar íntegramente el recurso extraordinario de revisión, que fue admitido a trámite por el anterior equipo de gobierno”. “En consecuencia, mi propuesta es confirmar las sanciones impuestas por el Pleno del Consejo Insular el 21 de octubre de 2013”, ha explicado Maria.

“El proceso que ha seguido el expediente sancionador, además de muy largo, ha sido extraño

El conseller de Cultura también ha enfatizado que “el proceso que ha seguido este expediente sancionador, además de muy largo, ha sido extraño “. Así, ha recorado que el 21 de octubre de 2013 el pleno del Consell aprobó la imposición de sanciones por obras no autorizadas en la finca de Son Aparets Vives, que afectaron bienes de interés cultural. Posteriormente, los afectados por estas sanciones presentaron recursos de reposición que, en base a los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios del Consell, fueron desestimados el 20 de junio de 2014.-

Dos meses más tarde, el 4 de agosto de 2014, los sancionados presentaron un recurso extraordinario de revisión, y “ahí es cuando comienza una actuación del anterior equipo de gobierno del Consell Insular, que no entendemos ni aceptamos“, destaca el titular de Cultura.

Así, Miguel Ángel María afirma que “no sabemos por qué, habiendo unos informes perfectamente claros por parte de los técnicos, el equipo de gobierno decidió, en el verano de 2014, encomendar un informe a un abogado externo que avalaba las tesis de los sancionados y pedía que fuera admitido el recurso extraordinario de revisión que éstos habían presentado”. A su vez, recuerda que “en el pleno del mes pasado, en el debate sobre las obras de la carretera general los representantes del PP defendieron de manera rotunda que los informes técnicos deben hacerlos funcionarios del propio Consell y que no se han de encargar informes externos”.  “El caso que estamos comentando hoy es una perfecta contradicción para ellos”, explica”. “Es una actuación que no se entiende, a menos que se pretendía dar marcha atrás y evitar que los presuntos infractores fueran efectivamente sancionados“, prosigue.

Cambio de gobierno en verano de 2015

Maria también ha informado de que cuando en verano de 2015 se produce el cambio de gobierno en el Consell, “lo que nos encontramos en ese momento es con la contradicción entre lo que plantean los informes realizados por los juristas de la institución y el informe de un abogado externo que avala las pretensiones de los presuntos infractores. A la vista de todo el expediente, el actual equipo de gobierno concluyó que la admisión a trámite del recurso extraordinario de revisión había sido totalmente incorrecta, porque no se daba ninguno de los supuestos tasados ​​por la ley para admitir un recurso de estas características”.
En consecuencia, se encomendó un nuevo informe a los juristas del Consell, para que valorasen la situación del expediente e informasen de la decisión correcta a adoptar.

Las recomendaciones se han conocido hoy: mantener las sanciones. Así principios de septiembre se envió el expediente al Consell Consultiu de les Illes Balears para que se pronunciaré sobre la materia y desde el Consell apuntan que no hay lugar a dudas: “Consideran que el recurso extraordinario de revisión analizado debe ser desestimado íntegramente de acuerdo con las consideraciones jurídicas segunda, tercera y cuarta “.

“La propuesta de resolución que llevamos al Pleno del próximo 21 de noviembre cumple esta conclusión: desestimamos el recurso extraordinario de revisión, y confirmamos las sanciones impuestas en su día a los presuntos infractores”, afirmó el conseller.

Importes de las sanciones

Las sanciones, que se imponen a los responsables de las actuaciones llevadas a cabo sin autorización que han afectado bienes de interés cultural, son las siguientes:

• En la entidad Son Aparets, SRM, como autora del proyecto del proyecto básico de instalaciones para camping en la finca de Son Aparets Vives, dos multas por una cuantía de 49.467,20 y 83.917,50, respectivamente, que hacen un total de € 133.384,70.

• A la propiedad de los terrenos, dos multas por la misma cuantía.

• Al arquitecto autor del anteproyecto y del proyecto básico de edificios e instalaciones, una multa de 83.917,50 euros.

Este caso se trata de la sanción por lesiones al patrimonio histórico más alta que se ha puesto nunca en Menorca. “El Consell, como institución competente en protección del patrimonio histórico, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, de velar por la protección efectiva del patrimonio, y de sancionar a los infractores cuando se produzca cualquier tipo de daño. Se trata, ciertamente, de una sanción ejemplar, y queremos que sea interpretada así por la ciudadanía. El patrimonio histórico es un bien de toda la sociedad, y las instituciones deben ser ejemplares en el cumplimiento de las leyes “, apostilló María.

 

 


Deja un comentario

Your email address will not be published.