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Podemos niega que haya roto el acuerdo tripartito en el Consell de Menorca

En respuesta a las críticas por su posición sobre las rotondas de la carretera general

Cristina Gómez, concellera del Podemos en el Consell de Menorca
Cristina Gómez, concellera del Podemos en el Consell de Menorca

Podemos Menorca ha querido responder a las acusaciones realizadas por Més per Menorca sobre su ruptura con el acuerdo de gobierno tripartito que tienen en el Consell insular manifestando que “en ningún caso se ha roto ni ha habido intención de romper ningún acuerdo de gobierno con los socios del Consell Insular de Menorca. Lo único que hemos hecho después de la última ejecutiva insular ha sido clarificar nuestra postura sobre el derribo de los puentes semi-construidos de Rafal Rubí y Argentina en la carretera Me-1. Y lo hemos hecho porque lo considerábamos necesario para honestidad con la ciudadanía de Menorca, por transparencia y buen gobierno”.

Recuerdan que “la cita textual del acuerdo de Gobierno sobre la carretera dice: “Revisar el plan de ejecución de las obras de la carretera general para reconducir la construcción de las rotondas polémicas. Aprovechar mientras se trabaja en las rotondas con consenso (Alaior y Aeropuerto) para modificar el proyecto con la intención de eliminar las rotondas innecesarias (Rafal Rubí, Argentina, Biniai), en la medida que la ley lo permita “. Y que, por tanto, no hemos incumplido ningún punto del acuerdo”.

Podemos explica que su postura de no derribar el puente no derribar el puente de La Argentina responde a criterios de seguridad, impacto medioambiental y territorial, de buscar el menor coste económico para la ciudadanía y por respeto a la ley. Una posición a la que han llegado después de analizar las conclusiones del informe interno de Medio Ambiente.

Consideran que aunque el puente de la Argentina se encuentre en una zona inundable, “los problemas de drenaje se podrían solucionar con una inversión mínima, y ​​que es la solución que entendemos como más viable técnica, medioambiental, territorial, legal y económicamente”.

Por último señalan que “una vez analizado el informe técnico externo pedido, nuestra postura en el caso del puente de Rafal Rubí es ser partidarios de derribar el puente si el PTI confirma que hay un conflicto de intereses públicos entre seguridad y paisaje”.


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