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El Govern multa a cuatro aerolíneas con 16.000 euros

El año pasado abrió doce expedientes sancionadores a nueve compañías aéreas

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El Govern abrió doce expedientes sancionadores a nueve aerolíneas en 2018, de los que cinco ya se han resuelto en multa para cuatro compañías, hasta sumar 16.100 euros. Los otros siete expedientes continúan en tramitación, según datos de la Dirección General de Consumo facilitados por el Govern.

De los procedimientos concluidos, la mayor de las sanciones impuestas por expedientes abiertos en 2018 fue a Qatar Airways, multada con 8.750 euros por cláusulas ‘no show’. Estas cláusulas suponen que si un pasajero no utiliza un trayecto de ida o de enlace la compañía aérea cancela automáticamente el resto de trayectos dentro del mismo billete y, por tanto, el usuario los pierde aunque los haya pagado.

Cabe recordar que el Govern multó a Iberia con 448.000 euros por cláusulas de este tipo, en un expediente abierto en 2017. Esta cláusula vulnera una norma estatal –el Real Decreto legislativo 1/2007–, una autonómica –la Ley 7/2014–, y además, ha estado declarada como abusiva por el Tribunal Supremo.

Por otra parte, Consumo también sancionó a Ryanair en 2018 con 2.250 euros de multa por no admitir el cambio de un abono por tener aplicado el descuento de residente, y con otros 2.250 euros por no indemnizar a un pasajero por los daños en su maleta.

En 2018 también se abrió un expediente a Condor Flueddinst por tener una línea telefónica de atención al cliente de coste para el usuario superior a la tarifa básica, que culminó en una sanción de 2.000 euros; y a Norwegian Air Shuttle por negarse a la devolución de gastos de pasajeros por perder un vuelo contratado por la compañía como consecuencia de una información errónea, por lo que ha recaído una multa de 850 euros.

Además, están pendientes de resolución expedientes sancionadores a Vueling por no indemnizar a un pasajero por la destrucción del equipaje, por cobrar al pasajero por un error en el nombre y por no disponer de hojas de reclamación; a Etihad Airways y a Iberia Express por cláusulas ‘no show’; a Iberia por obligar al consumidor a pagar por la selección de asientos; y a Transavia Airlines por tener una línea telefónica de atención al cliente de tarificación adicional.

UN MILLÓN DE EUROS EN MULTAS ENTRE 2016 Y 2017

El Govern balear impuso sanciones por 1,01 millones de euros a aerolíneas entre 2016 (434.600 euros) y 2017 (584.700 euros). La más elevada fue la sanción a Iberia por las cláusulas ‘no show’ -que se anunció a finales de diciembre-, aunque también destaca la sanción de 320.000 euros a Vueling por cancelaciones y retrasos injustificados en el verano de 2016, a la que añadió 20.000 euros por incumplir los requerimientos de información efectuados por la administración.

En 2017 Vueling también fue objeto de un expediente que se saldó con una multa de 22.000 euros por cancelación de reservas de forma unilateral y sin justificar, sin devolver el precio de los billetes ni ofrecer la compensación ni la atención establecidas por ley.

También destacan por su cuantía una sanción de 40.000 euros y otra de 35.000 euros a Air Europa por cláusulas ‘no show’, causa por la que también se sancionó a Air Nostrum con 21.500 euros; otra de 24.000 euros a Ryanair por no efectuar cambio de billetes sin cargos a petición del pasajero, pese a que la cancelación se debía a una causa mayor; y otra de 21.500 euros a Iberia por no devolver al consumidor el precio íntegro del billete y retener 30 euros en concepto de gastos de gestión.

Otras causas por las que Consumo ha sancionado a las aerolíneas en los últimos tres añosson cobrar sobreprecio por asientos; no aplicar el descuento de residente sobre los cargos por emisión y no incluir a las familias numerosas en la aplicación del descuento de residente; incumplir el servicio de equipaje especial; cobrar por la emisión de tarjetas de embarque; incumplir obligaciones de información; anular, billetes de una segunda reserva y penalizar a los pasajeros; no asignar los asientos que el pasajero había pagado; no devolver dinero pagado en concepto de pre-reserva; no indemnizar a una pasajera por una maleta perdida; y dar información errónea al consumidor sobre las condiciones del contrato.


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