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El Govern declara la “emergencia climática” en Baleares

Dicen que las Illes Balears, por su condición de territorio insular, son más vulnerables a los efectos del cambio climático

El 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Balears se concentra en la movilidad y la producción de electricidad
El 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Balears se concentra en la movilidad y la producción de electricidad

El Consell de Govern ha aprobado esta mañana la Declaración de emergencia climática en las Illes Balears y se compromete a priorizar la lucha contra el calentamiento global de manera clara y transversal.

Esta Declaración “surge de la necesidad de establecer políticas reales y eficaces capaces de minimizar el cambio climático en base al Acuerdo de París de la Convención de las Naciones Unidas, el cual establece, entre otros objetivos, limitar el aumento de la temperatura del planeta en 1,5 ºC y haber descarbonizado la economía a mediados del siglo XXI”.

El Govern destaca que “las Illes Balears, por su condición de territorio insular, son más vulnerables a los efectos del cambio climático, como el incremento de la temperatura media, la disminución de la precipitación o el aumento de acontecimientos extremos, como son las olas de calor o las lluvias intensas”. Estos factores comportan un riesgo para los sectores del agua, el territorio, el turismo y la salud, y también para el medio natural, la energía y el sector primario.

Por esto consideran que “hay que lograr una reducción rápida y significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para conseguirlo, tiene que haber una coordinación efectiva entre todas las administraciones, además de la implicación de la ciudadanía y del tejido empresarial”.

En este sentido, más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en las Illes Balears se concentra en dos grandes sectores: la movilidad y la producción de electricidad. Por ello, el Govern tiene previsto poner en marcha una agenda de cambios normativos y políticas públicas que permitan avanzar hacia una transición energética real y justa.

La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, prevé cumplir los objetivos de descarbonización y fijar un marco legal que permita la contribución efectiva de todos los sectores de la sociedad en este cometido. Es imprescindible, por lo tanto, transformar este marco legal en acciones específicas y en cambios procedimentales que permitan lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo energético de aquí al 2030.

Así pues, y para implicar a todos los ámbitos de trabajo y hacer transversal esta acción por el clima, el Govern constituirá la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático. Además, se compromete a actuar en diferentes materias, así como a poner en marcha una agenda de cambios normativos y de políticas públicas para promover una transición energética efectiva y socialmente justa.

Más concretamente, mediante esta declaración de emergencia climática, se compromete a actuar en los siguientes sectores:

  1. Cambio climático: aprobar el Decreto de huella de carbono; establecer planes de adaptación a los efectos del cambio climático según sectores e islas; valorar cláusulas específicas en los contratos públicos encaminadas a mitigar el cambio climático.
  2. Energía: desarrollar de manera rápida la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, y aprobar el Plan de Transición Energética, que tiene que establecer un calendario de penetración de las energías renovables, del ahorro energético y del cierre de los grupos de las centrales térmicas.
  3. Movilidad: implementar de forma rápida y valiente el Plan Director Sectorial de Movilidad y aprobar la Ley de movilidad sostenible.
  4. Transporte marítimo y aéreo: promover el uso de embarcaciones menos contaminantes; racionalizar las frecuencias; facilitar infraestructuras y combustibles alternativos, y asegurar una gestión sostenible de los puertos.
  5. Vivienda: mejorar la eficiencia energética del parque residencial y avanzar en las normativas que permitan construir viviendas más eficientes.
  6. Arquitectura y rehabilitación urbana: construir edificios sostenibles; mejorar la accesibilidad de los espacios públicos; impulsar las áreas de rehabilitación y regeneración urbanas, y promover acciones y políticas para optimizar los recursos existentes.
  7. Residuos: desarrollar e implementar la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminantes.
  8. Agricultura, pesca y alimentación: impulsar una política agrícola de proximidad y resiliente, y, a su vez, desarrollar hábitos alimentarios más sanos; promover la transición hacia sistemas de producción agrícola agroecológicos más diversificados y eficientes; preservar la calidad de los ecosistemas marinos, y adaptar la actividad social y económica de la pesca.
  9. Turismo: desarrollar una estrategia de turismo sostenible y adaptar las infraestructuras turísticas al cambio climático.
  10. Industria: fomentar estrategias de economía circular y diseño ecológico; crear mercados de materias secundarias, y adaptar la industria a los efectos del cambio climático.
  11. Trabajo: establecer planes de transición justa para que los trabajadores de los sectores más afectados por el cambio climático puedan acceder a alternativas laborales, e incorporar la perspectiva ambiental de manera transversal a toda la oferta formativa del SOIB.
  12. Medio ambiente y territorio: analizar el impacto del cambio climático y elaborar planes de adaptación en cuanto a los recursos hídricos ambientales y paisajísticos; proteger los ecosistemas marinos, con especial atención a la posidonia.
  13. Educación, universidad e investigación: proporcionar formación para mitigar el cambio climático y adaptarse a él, destinada a todos los niveles educativos y al profesorado; fomentar estudios de formación profesional vinculados a la eficiencia energética, la energía solar y las energías renovables; potenciar los estudios que facilitan un conocimiento sistémico sobre la crisis climática, y promover la concienciación y la investigación sobre el cambio climático.
  14. Acción exterior y cooperación: promover la cooperación internacional en materia climática; participar en los foros que aborden la crisis climática, y establecer medidas ante las migraciones climáticas que se deriven de dichas crisis.
  15. Servicios sociales: analizar el impacto del cambio climático y adoptar medidas para mitigar las consecuencias en la población en riesgo de vulnerabilidad.
  16. Emergencias: preparar los planes especiales de protección civil ante el aumento de fenómenos climáticos adversos; utilizar el Centro de Emergencias SEIB112 para realizar el seguimiento de los sensores y de las estaciones, con el objeto de poder actuar según los resultados.
  17. Consumo: impulsar el consumo de productos de proximidad para reducir la huella ambiental y de carbono de la sociedad.
  18. Salud: establecer programas de vigilancia y seguimiento de los efectos del cambio climático.
  19. Coordinación: incluir todas estas acciones en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030.

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