Los grandes retos para Menorca en 2020 – menorca al día
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Los grandes retos para Menorca en 2020

Turismo e infraestructuras se perfilan como los temas más sensibles para el año que estamos a punto de iniciar

Volverá a funcionar.
Volverá a funcionar.
El cable eléctrico entre Mallorca y Menorca vuelve a estar tendido y debería empezar a funcionar a mediados de 2020.

2020 traerá varios retos de gran importancia para la Isla que incidirán directamente en la economía menorquina o, lo que es lo mismo, en el bolsillo de todos.

Lo primero que traerá el año, el mismo 1 de enero, es una nueva normativa sobre emisiones de gases contaminantes. Esta medida que se conocía desde hace años no se ha preparado de la forma adecuada por parte de las administraciones. Así la central térmica del puerto de Maó ha tenido que tirar de inventiva para paliar las carencias.

La primera cuestión era la necesidad de refrigerar los gases para evitar que sean tan contaminantes. Para ello se proyectó una canalización de agua depurada desde la estación de Maó-Es Castell hasta el puerto. Pero la infraestructura no estará lista hasta el verano. Por ahora se tendrá que llevar el agua con varios camiones cisterna que harán esta labor a diario.

Tampoco se han podido cambiar las turbinas para que utilicen gas natural en vez de fuel y gasoil.

Se trata de medidas enmarcadas dentro del proyecto de transición energética que, de entrada, llegarán tarde.

Aún en materia de energía 2020 debe ser el año en que volverá a funcionar el cable eléctrico con Mallorca que debe reducir la dependencia  de la central de Maó que podría reducir notablemente su funcionamiento y, con ello, sus emisiones de gas.

En el tema energético aún hay cuestiones pendientes como arreglar el molino de Milà o ampliar definitivamente el parque solar de Son Salomó pero los dos grandes desafíos son la central térmica y el cable.

El mundo turístico también vivirá un 2020 lleno de incertidumbre. La primera tiene fecha y todo. El 31 de enero entrará en vigor el Brexit. Habrá que ver cómo afecta esto al sector vacacional isleño y a la numerosa colonia británica. Tras meses de negociaciones con la Unión Europea queda por ver los efectos prácticos de la salida del Reino Unido.

La otra gran duda relacionada con el turismo y los británicos es qué pasará con los 93.000 visitantes que cada año llegaba para veranear en Menorca de la mano de Thomas Cook. Tras la quiebra de este turoperador está claro que los británicos seguirán saliendo de vacaciones, pero a dónde irán y cuántos seguirán confiando en Menorca  son preguntas que quitan el sueño en la isla. Menorca busca diversificar sus mercados emisores pero 93.000 plazas siguen siendo muchas camas por llenar.

El Consell de Menorca tiene varios frentes abiertos de especial relevancia. El más visible es la carretera general y el futuro de las dos rotondas a medio construir. 2020 debería ser el año en que se decida qué pasará con estos puentes y con la tan anunciada mejora de la vía que precisa de una financiación que debería llegar de Madrid.

La revisión del PTI es la segunda gran tarea que la Administración insular deja pendiente en 2019. El planeamiento debe fijar las normas a seguir para la gestión del territorio. Seguir con la actual transitoriedad supone una incertidumbre de cara al futuro que cansa a los propietarios de suelo y a quienes querrían invertir en ellos. No hay duda de que la prioridad es proteger el suelo de la isla, pero también hay que permitir un crecimiento controlado y esto depende de este Plan Territorial.

El último reto será más de carácter social y pseudopolítico  que impactante en nuestra economía. El fin de año nos ha devuelto la polémica en torno al topónimo de Maó. La Ley de Normalización Lingüística aprobada por el Parlament es clara y señala que la fórmula correcta es en catalán correcto: Maó. Esto invalidaría el nombre en castellano, Mahón, o las aberraciones ortográficas como el Mahó. Habrá que ver cómo reacciona  la población de la Isla al respecto y como hay partidos que politizan la cuestión e intentan eludir la ley aprobada por el Parlament balear con los votos del PP incluidos.


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