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La ley del GOB de bienestar futuro, a debate el martes en el Parlament balear

Una norma que impulsa la introducción del concepto de "justicia intergeneracional" en las decisiones de las administraciones públicas

Sesión plenaria en el Parlament de las Illes Balears
Sesión plenaria en el Parlament de las Illes Balears

Palma, 27 nov (EFE).- El Parlament debatirá en el pleno del próximo martes la toma en consideración de la ley promovida por el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) para establecer criterios de gestión política de la Comunidad centrados en preservar el bienestar de las generaciones futuras.

El pasado 25 de octubre se registró en la cámara la iniciativa legislativa popular titulada “Proposición de Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Islas Baleares”, con la que el GOB impulsa la introducción del concepto de “justicia intergeneracional” en las decisiones de las administraciones públicas.

La justificación de la propuesta legal comienza con la frase: “el mundo se encamina hacia un escenario ecológico complejo”, y alude a la “necesidad imperativa” de que la gestión política adopte la perspectiva de dar prioridad a las medidas encaminadas a frenar las consecuencias ecológicas, económicas y sociales del calentamiento global.

“Es ahora cuanto detenemos que actuar de manera decidida y colectiva para asegurar un horizonte de bienestar para nuestras tierra, antes de que los efectos del cambio climático nos hagan darnos cuenta de que ya es demasiado tarde”, inciden los proponentes.

La ley vincula a las administraciones autonómica, insulares y municipales de las islas en todos sus procedimientos de elaboración de normas, planes, proyectos y programas sometidos a evaluación ambiental, y en los contratos y convocatorias de subvenciones a partir de 1 millón de euros.

Se creará una “Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras” formada por especialistas de distintos ámbitos, desde la educación, al urbanismo, la inmigración y la cultura, que serán designados por un presidente nombrado por el Parlament, que a su vez habrá de avalar a los expertos que éste proponga.

El organismo elaborará un informe de evaluación sobre la situación y las perspectivas de las islas desde el punto de vista de la prosperidad social, la resiliencia, la salud, la igualdad, la cohesión, la cultura y la responsabilidad de cara al conjunto del planeta.

En caso de que estas perspectivas sean negativas, propone el GOB, se iniciará un proceso participativo “abierto a la sociedad civil” para plantear alternativas a las políticas actuales para lograr los cambios necesarios.

Si la ley se aprueba en los términos en los que se ha planteado, los proyectos presupuestarios deberán dotar de recursos las medidas dirigidas a la consecución del bienestar y la comisión será un órgano de consulta preceptiva en la elaboración de normas y planes de actuación de las administraciones públicas.

Esta comisión elaborará guías de orientación para las administraciones públicas, emitirá informes sobre leyes y planes, asesorará a los organismos públicos que se lo necesiten y elaborará estudios de balance.

Por otro lado, en el último pleno de noviembre el Parlament debatirá también una proposición no de ley del PP en la que el partido opositor plantea su rechazo de la reforma del delito de sedición impulsada por el Gobierno.

En el turno de preguntas al Govern, los portavoces plantearán a la presidenta, Francina Armengol, cuestiones como la mejora de las carreteras, el plus de insularidad para funcionarios y la limitación de la compra de viviendas a los no residentes. EFE


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