El ministro de Sanidad, José Miñones, ha convocado a los consejeros el próximo viernes a un Consejo Interterritorial en el que, entre una quincena de asuntos, debatirán sobre la posible retirada de las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios y en las farmacias.
El pleno del CISNS arrancará a las 17 horas, según el orden del día al que ha tenido acceso Efe este martes, designando al representante de las comunidades para las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la UE, tras lo cual repasarán la situación epidemiológica y vacunación frente a la COVID-19 y adoptarán los “acuerdos que procedan” en esta materia.
Aunque no figura como tal en el orden, el propio ministro adelantó hace unos días que la idea era que la retirada de las mascarillas en los lugares que aún son obligatorias -centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias- se discutiera en un Interterritorial antes de que acabara junio.
Y dejo claro que la decisión, que en todo caso compete al Consejo de Ministros tomarla, se haría “con rigor” y “seriedad” y basándose en el criterio de los expertos de la ponencia de alertas sobre si el fin de su imposición se hace “de forma prolongada, de forma definitiva o de forma escalonada”.
“Estamos más cerca de que sea un uso recomendado, más que obligatorio”, vaticinó el ministro, que el mismo día avanzó también que a partir de octubre se iniciará la campaña de refuerzo de los mayores de 80 años y profesionales sanitarios con la vacuna española Hipra.
La convocatoria ha sido duramente criticada por el consejero madrileño en funciones, Enrique Ruiz Escudero, quien ha calificado de “auténtica temeridad” citar hasta doce consejeros en funciones a la espera de su relevo, algo que considera “totalmente fuera de lugar” y cuyo único objetivo es “electoralista”.
Al margen de las mascarillas, el CISNS tiene previsto votar el viernes varios documentos, como el informe anual sobre Violencia de Género 2022 y el acuerdo de revisión y nuevas patologías y procedimientos para cuya atención se precisa designar Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en el Sistema Nacional de Salud.
También el programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos, médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeras y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos, por un importe de 57.229.053,17 euros, así como los criterios de distribución de fondos a las comunidades autónomas y al INGESA para 2023.
Asimismo, aprobarán el reparto de 579.175.000 euros a las comunidades y el INGESA para Atención Primaria y de otros 38,5 millones para salud mental.
Igualmente, sobre la mesa tienen el acuerdo por el que se amplía el plazo para la ejecución de las actuaciones previstas en el acuerdo de criterios para distribuir 13 millones para el sistema de información de la Red Vigilancia en Salud Pública y el reparto de 2,8 millones para estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas (incluido Esclerosis Lateral Amiotrófica).
El extenso orden del día prevé además la votación del Catálogo de pruebas genéticas de la cartera común de servicios y el reparto del Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, que asciende a 1,7 millones de euros.
Por último, figura el acuerdo de distribución de 5,3 millones para el Plan anual de trabajo 2023 de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Antes de las votaciones, Sanidad informará a las comunidades de tres proyectos normativos: el real decreto por el que se regulan los productos sanitarios para diagnóstico “in vitro”; la reforma del que establece los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, y el que regula los estatutos generales de los colegios de protésicos dentales de España y de su Consejo General.
