Una empresa de Maó persiste con obras no autorizadas y afronta una sanción de 614.000 euros

El no acatar las órdenes de paralización de obras sin licencia puede acarrear graves consecuencias económicas y legales. Un caso en Maó ha evidenciado esta situación, donde intervenciones urbanísticas en suelo rústico han generado una multa de 614.000 euros y el enfrentamiento a un potencial delito por desobedecer en dos ocasiones la paralización ordenada por los inspectores.

Fue en enero del año pasado cuando el Grupo para la Ornitología y la Defensa de la Naturaleza (GOB) detectó e informó al Consorcio de Disciplina Urbanística acerca de unas construcciones en terreno rústico. Estas obras afectaban a una era y se estaba erigiendo un edificio separado de las viviendas principales. Tras la inspección, se confirmó la ausencia de licencia y se ordenó la detención de las labores, solicitando además que se tramitase el correspondiente proyecto ante el Ayuntamiento.

Sin embargo, esta orden no fue acatada y los promotores prosiguieron con las obras. Esto llevó a una segunda intervención que resultó en el precintado de las construcciones. Pese a ello, se optó por romper el precinto y continuar, siendo necesaria una tercera inspección para frenar esta dinámica.

Es relevante mencionar que la propiedad en cuestión es de una empresa especializada en la actividad inmobiliaria, así como en servicios de arquitectura y urbanismo. Dicha condición ha sido considerada agravante en el proceso, dada la presumible familiaridad con la normativa vigente.

Si bien las obras han obtenido finalmente la licencia municipal, la ley prohíbe aplicar reducciones a la sanción impuesta debido al incumplimiento previo de las suspensiones.

El caso ha sido llevado ante el Juzgado de Instrucción de Maó por un presunto delito de desobediencia.

A raíz de estos hechos, el GOB ha expresado su esperanza de que situaciones similares fomenten un mayor respeto hacia la ordenación territorial de la isla.