El movimiento sindical Insularidad Digna, que agrupa a cerca del 90 % del personal de la Administración General del Estado (AGE) en Balears, ha llevado a cabo este viernes una concentración frente al Centro Penitenciario de Maó para denunciar la discriminación económica y territorial que, según afirman, padecen los empleados públicos estatales en el archipiélago.

La protesta, que ha tenido lugar entre las 10:30 y las 11:00 horas en la carretera Maó-Sant Lluís, ha servido para reclamar al Gobierno soluciones urgentes y efectivas y exigir el reconocimiento de una compensación justa por el sobrecoste que supone vivir y trabajar en las islas.

Insularidad Digna ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos del personal público y con la mejora de los servicios que presta la AGE a la ciudadanía balear, bajo el lema “Por unos servicios públicos de calidad”.

José Gregorio Barajas, delegado de la Asociación Española de Guardias Civiles en Balears, ha señalado que la situación de los servicios públicos en las islas es insostenible debido a la falta de personal. En declaraciones durante la concentración, afirmó que “estamos aquí acompañando a los funcionarios de prisiones para exigir un plus de insularidad digno”, y denunció que la escasez de efectivos afecta a cuerpos como la Guardia Civil, la Policía Nacional, Justicia y Prisiones, lo que está provocando un colapso del sistema.

Barajas advirtió que, en el caso de la Guardia Civil, los nuevos agentes destinados a Balears apenas permanecen un año antes de marcharse, lo que convierte al archipiélago en una especie de “escuela” donde los funcionarios se forman pero no se quedan, debido al elevado coste de vida y de la vivienda.

Fernando Martorell, secretario de la Administración General del Estado por parte de UGT en Baleares, ha explicado que la protesta se enmarca en una serie de paros convocados cada viernes de mayo y junio en los centros de la AGE. Ha recordado que la unidad intersindical impulsora de las movilizaciones se constituyó hace cinco años y actualmente está formada por 21 sindicatos y asociaciones de distintos cuerpos, incluyendo Guardia Civil, Justicia y otros ámbitos de la Administración.

Según ha señalado, “hemos dicho basta ya y hacemos estas concentraciones porque el mes pasado la presidenta del Govern balear firmó un acuerdo con el sindicato que representa a los trabajadores de la administración local y autonómica”, en el que se contempla una subida por residencia. Reclaman que esa mejora se extienda también a los empleados del Estado en las islas, con el fin de hacer más atractivas las plazas y evitar la alta rotación de personal, que asocia al alto coste de la vida y la vivienda. “Estamos dando un mal servicio a los ciudadanos de Balears, y los ciudadanos de Balears no se lo merecen”, ha advertido.

Martorell ha añadido que, además de la falta de incentivos que disuade a nuevos trabajadores de establecerse en las islas, el problema se agrava por el envejecimiento progresivo de las plantillas. “El 65 % de la Administración General del Estado tiene más de 50 años”, ha indicado, lo que complica seriamente la reposición de efectivos de cara a las próximas jubilaciones. “Es muy complicado tener las plantillas completas”, ha afirmado.

Manuel Pavón, secretario de la Policía Nacional, ha denunciado que cada vez menos profesionales quieren trabajar en Baleares, incluidos policías, jueces, fiscales y funcionarios de prisiones. “Hay que buscar una solución”, ha reclamado, señalando que el problema perjudica tanto a los empleados públicos como a la ciudadanía. Ha criticado a Francina Armengol por no actuar desde su actual cargo como presidenta del Congreso, pese a conocer la situación, y ha recordado que “incumplió unilateralmente” el acuerdo firmado cuando presidía el Govern balear.