Este dinero corresponde al nivel acordado de protección, una partida suplementaria que en 2012, durante el mandato del PP, fue suprimida del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La actual coalición de gobierno se había comprometido a recuperar este fondo, del que un 2,4% corresponde a las Illes.
Plan de Choque
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, junto con las comunidades autónomas, dio luz verde a principios de este año al Plan de Choque de Dependencia, que prevé una inversión de más de 600 millones de euros para 2021. Esta cantidad, además de la recuperación del nivel acordado de protección, incluye un incremento del 17% de la partida del nivel mínimo –es decir, las transferencias del Estado a las comunidades por cada persona dependiente que es atendida-. En conjunto la aportación del Ministerio este ejercicio aumentará un 43%. Para 2022 y 2023 el Gobierno español prevé aplicar subidas similares, hasta alcanzar los 3.600 millones de euros, con la intención de reducir la lista de espera como mínimo un 75%.
El fondo de financiación de la dependencia se ha repartido en proporción a la población potencialmente dependiente y el número de resoluciones de grado vigentes en cada comunidad autónoma, así como otros criterios, como la inversión de cada territorio en el SAAD o la dispersión de la población. En el caso específico de Illes Balears y de Canarias, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también ha tenido en cuenta la insularidad, para la que se han reservado 1,4 millones de euros, a repartir entre los dos archipiélagos.