El Tribunal de Cuentas del Estado anunció que este 2020 estudiará con detenimiento el destino final de los descuentos de residentes con los que se subvenciona a los habitantes de Balears, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sólo en los dos últimos años el Estado ha invertido en este concepto 382 millones de euros anuales.
La medida llega después de las numerosas quejas que señalan que tras cada incremento del porcentaje de descuento, las aerolíneas subían el precio de las tarifas aéreas para compensar la subvención y que el coste de los viajes para los residentes siguiera siendo el mismo. De ser cierto, esta medida pervertiría la ayuda económica ya que encarecería enormemente el precio de los pasajes para no residentes e incrementaría los beneficios de las aerolíneas sin que se rebajase el coste para los residentes.
Para evitar otras acciones discutibles por parte de las aerolíneas, también debe entrar en vigor una nueva norma por la que las compañías aéreas no podrán preguntar a un cliente si es residente o no hasta el final de la compra de un pasaje. De esta forma se evita que haya empresas que usen dos listados de tarifas según si el usuario es beneficiario de esta subvención.