El departamento de Movilidad del Consell Insular ha puesto en marcha la imposición de multas coercitivas contra la empresa concesionaria del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ante los incumplimientos graves y reiterados en la prestación de este servicio público esencial.
La decisión se adopta en el ejercicio de las competencias de control, inspección y garantía del servicio que corresponden a la administración insular como entidad concedente, de acuerdo con la normativa vigente.
Este miércoles, 15 de abril, finaliza el plazo otorgado por el Consell Insular a la empresa concesionaria para corregir las deficiencias detectadas y normalizar el funcionamiento del servicio. Sin embargo, los informes técnicos elaborados por los servicios insulares constatan problemas persistentes que incumplen los estándares establecidos en el pliego de condiciones y en el contrato adjudicado.
Ante esta situación, el departamento de Movilidad ha activado el régimen de multas coercitivas previsto en la normativa. Este procedimiento contempla sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros diarios, sin descartar la adopción de otras medidas adicionales en función de la evolución del servicio y la gravedad de los incumplimientos.
El conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha explicado que “la administración insular ha requerido en reiteradas ocasiones a la empresa concesionaria la corrección de las deficiencias detectadas, sin que estas hayan sido resueltas de manera satisfactoria”.
“Ante esta falta de respuesta efectiva, el Consell actúa con firmeza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales y defender los derechos de la ciudadanía. De este modo, hoy hemos activado el proceso para establecer multas coercitivas”, ha añadido.
Desde el Consell Insular aseguran que continuarán ejerciendo con rigor sus funciones de supervisión y control para garantizar que el servicio de ITV se preste en condiciones adecuadas, con criterios de eficiencia, calidad y respeto a los usuarios.
“No permitiremos que un servicio público esencial funcione por debajo de los estándares exigibles. El contrato es claro y el Consell hará cumplir todas y cada una de sus obligaciones”, ha concluido el conseller.