Cinco años después, el caso de los 13 perros de caza denunciado por la Protectora de Maó ya tiene sentencia firme en relación con la sanción impuesta al propietario. Según ha anunciado la entidad, el cazador deberá abonar finalmente los 451 euros que le impuso el Consell Insular de Menorca tras la denuncia presentada a finales de 2020.
El caso arrancó cuando la protectora alertó del estado en el que se encontraban los animales, que, según denunció entonces, vivían en condiciones higiénicas deplorables y en una situación que incumplía la normativa de bienestar animal. La asociación ha celebrado ahora la firmeza de la sanción, después de que el propietario la recurriera y el procedimiento se haya prolongado durante estos años.
La entidad recuerda, además, que el cazador también presentó una demanda contra la protectora por un supuesto allanamiento de morada. Esa acción judicial fue desestimada en dos instancias.
Sin embargo, desde la Protectora de Maó advierten que el caso está aún lejos de cerrarse. En declaraciones a Menorcaaldia, la entidad ha explicado que no considera que la sanción impuesta por el Consell se corresponda con la situación en la que se encontraban los animales en aquel momento.
La asociación entiende que los hechos no deberían haberse calificado como una infracción leve, sino como una infracción grave. Según han detallado, la actuación administrativa se centró únicamente en una inspección visual sobre la longitud de las cadenas, sin que se realizaran mediciones de las casetas ni se valoraran otras condiciones de insalubridad en las que, según la protectora, vivían los perros.
De hecho, la entidad sostiene que la sentencia firme conocida ahora se refiere solo a una cadena más corta de lo permitido, pero deja fuera el resto de condiciones denunciadas. Entre ellas, la protectora apunta al estado y las dimensiones de las casetas, que, según afirma, no cumplirían las medidas exigidas por la normativa.
Por este motivo, la asociación ha presentado otra demanda para que se tengan en cuenta estas cuestiones y para que se permita la entrada de un perito que pueda realizar las mediciones correspondientes. Según han detallado, este procedimiento se encuentra actualmente en la vía contencioso-administrativa en Palma.
Para la entidad, la sentencia firme supone un precedente en Menorca, pero no resuelve el fondo del caso. La protectora insiste en que aún queda por valorar si existieron otros posibles incumplimientos más graves que, a su juicio, no fueron incorporados en la actuación inicial del Consell.
La publicación de la Protectora de Maó con las imágenes del caso puede consultarse en este enlace.