El Govern interpondrá un recurso contra el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores migrantes no acompañados y fija en 434 las plazas de referencia para Baleares. El Ejecutivo autonómico considera que esta decisión no responde a la realidad que vive el archipiélago y que supone una nueva imposición del Gobierno de España.
El Estado incrementa así la capacidad ordinaria asignada a Baleares de 406 a 434 plazas, pese a que el Ejecutivo autonómico ya consideraba excesiva la cifra fijada para 2025 y, por este motivo, mostró su rechazo durante la tramitación de la norma.
Según los datos facilitados por el Govern, actualmente hay en Baleares 795 menores migrantes no acompañados tutelados, una cifra que se acerca al doble de la capacidad ordinaria establecida por el Gobierno de España. El Ejecutivo autonómico sostiene que estos datos reflejan la saturación del sistema de protección de las islas.
Ante esta situación, el Govern confirma que acudirá nuevamente a los tribunales y asegura que lo hará para defender los intereses de Baleares. Asimismo, sostiene que el sistema de protección del archipiélago no puede asumir nuevas imposiciones mientras sus recursos continúan completamente tensionados.
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha lamentado que el Gobierno de España «vuelva a adoptar una decisión de espaldas a la realidad que viven los territorios que están en primera línea de la presión migratoria».
«Nuestros servicios de protección están completamente desbordados y, en lugar de aliviar esta presión, el Estado decide aumentar una capacidad que ya considerábamos excesiva y que no responde a la realidad que vivimos cada día», ha afirmado.
Asimismo, el Ejecutivo recuerda que, durante su visita oficial a Baleares, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconoció que «no tenía sentido» continuar derivando menores procedentes de otras comunidades autónomas a un territorio que ya registra llegadas propias y cuyo sistema de acogida se encuentra tensionado.
El Govern reitera que continuará defendiendo que el reparto de menores migrantes debe tener en cuenta la capacidad real de los sistemas de protección y la presión migratoria que soporta cada territorio. También mantiene su rechazo a cualquier decisión que suponga incrementar las obligaciones de acogida de una comunidad autónoma que, según señala, ya supera ampliamente la capacidad fijada por el propio Estado.