El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha alzado la voz este jueves para denunciar que la nueva Llei del Litoral impulsada por el Govern balear representa un nuevo y grave paso en el retroceso del autogovern de la isla. Según los socialistas, esta normativa consolida un modelo de centralización que concentra cada vez más las decisiones en Palma, dejando a Menorca sin capacidad real para decidir sobre los asuntos que afectan de forma directa a su territorio.
"No permitiremos que Prohens retalle la Llei de Reserva de Biosfera y, si el PP y Vox aprueban esta ley, cuando volvamos a gobernar a partir de mayo recuperaremos todas las competencias que nos quieren quitar", ha advertido con contundencia Mercadal.
Un goteo de pérdida de competencias
Desde el PSOE se apunta que esta dinámica recentralizadora no es un hecho aislado, sino la cúspide de una serie de decisiones tomadas a lo largo de la legislatura. Entre ellas, destacan:
- El pacto inicial del PP con Vox.
- La negativa del Govern a limitar los precios de los alquileres en Menorca.
- La derivación del Pla Territorial Insular a Mallorca para su tramitación.
- La nueva Llei de Ports, orientada hacia la privatización y un modelo de puertos de lujo al estilo mallorquín.
"¿Quién conoce mejor el litoral menorquín? ¿El Consell de Menorca o Palma? ¿Quién defenderá mejor nuestro modelo territorial y la manera como los menorquines hemos preservado el litoral durante décadas?", se ha preguntado retóricamente Mercadal, recordando que fue el anterior ejecutivo de Susana Mora el que logró dotar a la institución insular de herramientas estratégicas propias.
¿Qué recorta exactamente la nueva ley?
Por su parte, Marc Pons ha detallado el impacto técnico y operativo de la nueva normativa autonómica. Según ha explicado, el texto elimina la obligación del Govern de consultar al Consell de Menorca antes de otorgar concesiones y autorizaciones sobre el litoral.
Asimismo, la norma retira al Consell las competencias relativas a:
- La gestión de las actividades recreativas en aguas interiores.
- La inspección de la zona de servitud de protección.
- Las capacidades de ordenación del Pla Director del Litoral (el cual permitía limitar la afluencia y presión en playas o regular los fondejos).
- El control de los aqüífers, la regulación de regadíos, los abocamientos y las concesiones de agua, en un momento crítico para los recursos hídricos de la isla.
Para finalizar, los socialistas han exigido la retirada de estas modificaciones normativas, reclamando un Consell insular valiente que defienda la gestión de proximidad frente a la injerencia de Palma.