El Consell de Govern de este viernes ha aprobado el proyecto de ley de creación de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears. Con este proyecto se crean más medios para luchar contra el fraude y la corrupción, y se establecen mecanismos de control aplicables a todo el sector público de las Illes Balears.
El proyecto de ley, que responde a uno de los acuerdos del pacto de gobernabilidad de esta legislatura, crea la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears y la dota de las herramientas necesarias para reforzar el autocontrol y asegurar las buenas prácticas en la Administración pública y en el sector público vinculado.
Entre las funciones de la Oficina destaca la tarea investigadora, una de las herramientas más importantes de la lucha contra el fraude y la corrupción. La Oficina tiene como objetivo prevenir e investigar posibles casos de uso o de destinación fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito, derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.
No tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, al ministerio fiscal y a la policía judicial, ni puede investigar los mismos hechos que sean objeto de sus investigaciones. En cambio, sí que puede instar un proceso judicial y actuar como institución dirigida a constatar eventuales irregularidades y desviaciones del poder o como denunciante calificado.
La Oficina de Lucha contra la Corrupción actuará con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Para legitimarla y garantizar su independencia y autonomía funcional, la Oficina se adscribe al Parlament de les Illes Balears. De esta forma, podrá cumplir con ecuanimidad y eficacia las funciones encomendadas.
