El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran calcula que la nueva indemnización por residencia de su personal supondrá un coste de alrededor de 250.000 euros anuales a partir de 2027. Para afrontar los primeros seis meses de aplicación, el pleno aprobará este jueves una modificación de crédito de 124.729,26 euros, Seguridad Social incluida, que se financiará con el remanente de tesorería.
El Ayuntamiento defiende la mejora retributiva para los trabajadores, pero critica que tenga que asumir su coste sin recibir, según sostiene, recursos adicionales del Estado. El regidor Antoni Borràs considera que se trata de una reivindicación «justa y necesaria para compensar el elevado coste de la vida, la vivienda y la doble insularidad que sufrimos en Menorca», pero reprocha al Gobierno central que no haya tenido en cuenta el impacto que supondrá para las finanzas municipales.
Borràs considera «desproporcionado» el impacto previsto para 2027 y alerta de que obliga a incorporar «de un día para otro» un nuevo gasto estructural de personal sin disponer de financiación externa. Según advierte, esto «pone en riesgo la capacidad de inversión y el mantenimiento de los servicios básicos del pueblo».
«El Estado asfixia a los ayuntamientos»
Las críticas de Borràs van más allá. «El Estado asfixia a los ayuntamientos», afirma el regidor, quien sostiene que, si el Gobierno central cuenta con unos ingresos récord «gracias a la inflación, el IVA y el IRPF», dispone también de recursos suficientes para financiar esta medida y evitar que su coste recaiga sobre un municipio como Es Migjorn Gran.
«Quien lo aprueba lo tiene que pagar», defiende Borràs, que considera «no razonable ni leal que el Gobierno central se cuelgue la medalla de una mejora retributiva y pase la factura a los ayuntamientos sin aportar ni un solo euro adicional».
El regidor argumenta además que el propio Estado ha reconocido en las tablas retributivas un mayor coste asociado a residir en Menorca respecto a Mallorca. «Si reconoce este sobrecoste extraordinario para los trabajadores, no puede ignorar que para los ayuntamientos menorquines el coste de asumirlo es también mayor», sostiene.
Una moción para reclamar más financiación
En la misma sesión plenaria se someterá a votación una moción del Grupo Popular para pedir al Gobierno de España que reconozca el impacto económico del nuevo complemento de insularidad sobre los ayuntamientos y consells insulars y evitar que tengan que sufragarlo exclusivamente con recursos propios.
La iniciativa reclama incrementar las aportaciones a los ayuntamientos a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) mediante una dotación adicional que compense el aumento del gasto de personal. También plantea establecer un mecanismo permanente para que futuras actualizaciones del complemento de insularidad vayan acompañadas de los recursos económicos necesarios para financiarlas.
Borràs advierte de que, si el Estado no aporta financiación adicional, el Ayuntamiento tendrá que recortar otras partidas destinadas a los ciudadanos. «Defender los derechos de los trabajadores y defender la autonomía y los gastos del pueblo debe ser compatible», concluye.