El Ayuntamiento de Ciutadella ha anunciado este jueves que trabaja para que las cinco terrazas autorizadas de la plaza des Born puedan mantenerse en la calzada, a pesar de las medidas cautelares que obligan a reabrir toda la vía al tráfico, recuperar las plazas de aparcamiento eliminadas y retirar el mobiliario urbano instalado con la reordenación de la plaza.
La restitución de la situación anterior a la actuación realizada en julio de 2025 planteaba inicialmente la posibilidad de que las terrazas tuvieran que desaparecer de la calzada. Sin embargo, la normativa municipal vigente tampoco permite instalar mesas y sillas sobre las aceras, como ocurría anteriormente.
Ante esta situación, el Consistorio asegura que ha buscado una fórmula que permita cumplir la resolución judicial y, al mismo tiempo, evitar la retirada de las terrazas y reducir el perjuicio a los establecimientos de restauración de la zona.
Según ha explicado el Ayuntamiento, los técnicos municipales han determinado que las cinco terrazas autorizadas podrán continuar en la calzada siempre que dispongan de los elementos necesarios para hacer compatible su presencia con la circulación y el estacionamiento de vehículos, sin comprometer la seguridad de los clientes.
Para ello, la Policía Local, en colaboración con el Servicio de Ocupación de la Vía Pública, delimitará los espacios destinados a las terrazas y adoptará las medidas de seguridad necesarias. El Ayuntamiento señala que la protección de los usuarios constituye una condición «innegociable».
Vuelven los aparcamientos y las zonas de carga y descarga
Paralelamente, la Resolución de Alcaldía contempla la retirada del mobiliario urbano instalado durante la reordenación de la plaza y la recuperación de las plazas de aparcamiento, que serán pintadas de blanco y, por tanto, quedarán sin regulación horaria.
También se recuperarán las dos zonas de carga y descarga que existían anteriormente, se repintarán los pasos de peatones y se reubicarán las jardineras.
El Ayuntamiento sostiene que desde que recibió la resolución judicial ha trabajado con tres objetivos: cumplir las medidas cautelares, respetar las ordenanzas municipales y defender el interés general, buscando al mismo tiempo reducir al máximo las consecuencias para los sectores afectados.