La consideración de los peatones como ‘usuarios de vía’, una definición que abarca también a los conductores, lo que implica la imposición de límites de velocidad o la obligación de pasar un control de alcoholemia y drogas si cometen alguna infracción, ha motivado, entre otras cuestiones, un toque de atención del Consejo de Estado a la Dirección General de Tráfico.
El órgano consultivo del Gobierno no ha dudado en solicitar a la DGT que reconsidere el proyecto de Circulación por entender que el texto adolece de “notables imprecisiones” y en determinados aspectos puede dañar los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal que propugna la Constitución.
Asimismo, el Consejo de Estado alerta del “colapso” que se puede producir en las ciudades ante la reducción de velocidad propuesta y de las situaciones “absurdas” que pueden producirse con medidas como la implantación de límites de velocidad para bicicletas, además de reprochar a la DGT que no haya dado respuestas a las alegaciones de administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones.
Desde la DGT se han apresurado a desmentir que se vaya a multar a nadie por correr y su directora general, María Seguí, ha argumentado con las cifras de siniestralidad en la mano- 370 peatones fallecieron el año pasado en España y el 51 por ciento presentaba de niveles de alcohol o drogas en sangre- para justificar las nuevas normas que se establecer para los viandantes.
