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La justicia social centra las medidas consensuadas por PSOE, PSM y Podemos para los primeros 100 días de gobierno en el Consell

Suspensión parcial de la Norma Territorial Transitoria, detención de obras en las rotondas polémicas, rebaja de sueldos, transparencia o recuperación de la emisión del Canal 33 y el 3/47 de TV3, entre las primeras acciones

Sede de la institución insular en Maó.
Sede de la institución insular en Maó.

La justicia social centrará la acción de gobierno del Consell de Menorca a la vista de las medidas consensuadas por PSOE, Més y Podemos para los primeros cien días de mandato. Así se desprende de la batería de acciones que las tres formaciones han hecho públicas tras la última reunión que han mantenido con la vista puesta en la constitución de la nueva Corporación insular, prevista para el próximo 4 de julio.

En este sentido, los tres partidos apuestan por la puesta en marcha de medidas urgentes antidesahucio y el impulso a los alquileres sociales asequibles y la reapertura del IBAVI, así como el inicio de un Plan de choque contra la exclusión social, al que se destinarían las cantidades que se ahorren por la reducción de cargos y la bajada de salarios de cargos electos y no electos, otra de las medidas incluidas para los primeros 100 días de gobierno.

Estas medidas de orden social se complementan con la solicitud al Gobierno de puesta en marcha de un servicio provisional de residencia de enfermos y familiares de Menorca, Ibiza y Formentera, la reactivación del Consejo Económico y Social, el impulso de un Contrato Social que dibuje un nuevo camino de progreso y bienestar, la reincorporación al Institut Ramon Llull y la recuperación de la emisión del Canal 33 y el 3/24 de TV3.

Durante el inicio del mandato, el acento también estará puesto en la ordenación territorial y las infraestructuras, con la suspensión inmediata de forma cautelar de aquellos aspectos desreeguladores y contrarios a la sostenibilidad de la Norma Territorial y el inicio de la revisión del PTI, la detención de las obras en las rotondas polémicas y la modificación del proyecto, la revisión del procedimiento de adjudicación de la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Milán, y la oposición contundente contra las prospecciones petrolífera.

La creación de un portal de transparencia, la reivindicación de una tarifa plana y universal entre islas, la reclamación de una mejora de la financiación del Consell  y de la transferencia de las competencias contempladas en el Estatuto, aún no transferidas completan el ambicioso proyecto para los 100 primeros días.


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