“¿Y qué es ilegal?”, me contestó un buen amigo un mes atrás cuándo le pregunté sabía oído que un destacado hotelero menorquín está desviando su overbooking a la oferta ilegal. Su respuesta me sorprendió por lo que implicaba de mirada adelante, puesto que más allá de cuestionar el fenómeno habitual de vender por encima del número de plazas disponibles- que en esto consiste el overbooking- o de censurar que se recoloque a los clientes en uno u otro lugar, adelantaba uno retos que tiene en este momento el sector turístico español, el de la regulación de una oferta que ha roto todos los esquemas del negocio turístico hostelero “tradicional”.
En este sentido, a principios de este verano de récord se daba a conocer que los seis principales portales de internet especializados en la comercialización de la oferta de alojamiento turístico habían triplicado en un solo año el número de viviendas, pisos, apartamentos en las Illes Balears, que ha pasado de los 27.068 del año pasado a los más 64.818 de este verano. La existencia de esta oferta, añadida a la costumbre de recibir amigos y familiares en casa durante los meses de verano, podría explicar el desfase entre el número de plazas turísticas registradas en Menorca y el de visitantes que ha recibido la Isla esta temporada.
Y aunque cabe toda la oferta, urge una respuesta por parte de los poderes públicos de manera que los vacíos legales existentes no vayan en detrimento de los empresarios que se ven sometidos a un asfixiante marco normativo y a controles mucho más exhaustivos. La eficacia de esa respuesta dependerá en buena parte de su articulación en colaboración con el sector privado, y éste es otro de los retos que se vislumbra en el horizonte inmediato, la relación del sector turístico con los nuevos gobiernos, tanto a nivel local y autonómico, como a nivel nacional después de las elecciones previstas para diciembre de este año.
Aunque el cambio ya se ha producido en buena parte de las administraciones públicas, la propia dinámica de traspaso de poderes y la llegada del verano dejaron en suspense esta relación pero en Baleares ya se han aventurado tensiones con respecto a la legislación y a la fiscalidad del sector, con la propuesta de cambios normativoas de calado y de implantación de nuevo tributo turístico, la llamada ecotasa, que el Govern se muestra dispuesto a aplicar en 2016, “con o sin ayuda del Gobierno central”.
Respecto de ésta, la Asociación Hotelera de Menorca emitió un comunicado conjunto con las entidades homólogas de Mallorca y Ibiza y Formentera en plena temporada, y está por ver cómo evolucionará una propuesta de la que ya se sabe que se aplicaría tanto a visitantes como a residentes. Tras este anuncio, efectuado esta misma semana por el Govern, la Asociación Hotelera de Mallorca ha vuelto a insistir en las “pérdidas millonarias” que generará en Baleares la “ecotasa”, que no han dudado de calificar de “una mala noticia en un buen momento económico”.
La regulación de la oferta ilegal y el marco normativo y fiscal del sector no son, desgraciadamente, los únicos retos a los que la industria turística se enfrentan, pero sí tienen suficiente entidad para que Menorca se replantee hacer más piña, también a nivel nacional, participando de manera activa en los foros adecuados e integrándose de nuevo en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, porque aunque los cambios pueden ser positivos y toda oferta cabe y se pueden buscar nuevas formas de financiación, unos y otras deberían estar en igualdad de condiciones, y la lucha por esta igualdad será más fácil cuanto más unidos estén los hoteleros.
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