La limitación de las competencias municipales y de la autonomía local, con la consiguiente imposibilidad de dar una respuesta inmediata y de proximidad a la ciudadanía en asuntos como servicios sociales o educación 0-3, ha justificado el posicionamiento de Ciutadella en contra de la Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local.
En este sentido, fuentes municipales han explicado que Joana Gomila, en representación del Ayuntamiento, votó tanto en la mesa de trabajo de economía y administración local como en el Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias celebrado este fin de semana a favor de exigir al Gobierno que modifique el texto legal.
Según estas fuentes, la pretensión es que los ayuntamientos “tengan las competencias de la administración más próxima” y que la normativa que los regule atienda a las diferentes realidades de los distintos municipios y a las necesidades “distintas y singulares” de sus ciudadanos.
