El grupo ecologista GOB ha pedido formalmente a la Demarcación de Costas que aclare quien ha pagado el traslado de unas dunas en la zona de Son Saura en el término de Ciutadella. Los conservacionistas temen que se hayan usado fondos públicos para proteger una propiedad privada.
Los hechos se remontan a los pasados días 14 y 15 de octubre cuando una excavadora estuvo trabajando sobre el sistema dunar de Son Saura del norte. Las explicaciones que se dieron por parte de los portavoces de Costas es que se estaban desplazando 3.000 m3 de arena porque su avance afectaba al jardín de unos apartamentos construidos en primera línea. La consecuencia fue que se desmontó la parte interior de la duna y se llevó la arena al espacio más próximo a la playa.
Según la Ley de Costas los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización, siempre que no perjudiquen la playa o la zona marítimo-terrestre, ni disminuyan las limitaciones y servidumbres legales correspondientes. También consta en la ley que, en otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre. Por ello una actuación como la realizada en Son Saura se debe pagar, en todo caso, por parte de los propietarios de los apartamentos, si es que se concede autorización y habiendo demostrado que no se perjudicará la playa. Y si no se hace o no se puede hacer, hay que revisar la línea que separa los bienes públicos de los privados.
