El apoyo de El PI, Proposta per les Illes, asegura a Andreu Manresa su nombramiento como director general de IB3 en la primera votación. El nombre del veterano periodista se ha conocido la misma semana en que el Comité de Informativos de Radio Televisión Española ha presentado un nuevo manifiesto para reclamar el respeto a la credibilidad ya la independencia de sus servicios informativos.
En el caso de Manresa, como suele suceder en los partidos políticos, se ha buscado a la persona sin abordar previamente una revisión profunda sobre qué se quiere hacer con el ente público de radio y televisión de las Islas Baleares, más en un contexto de rebaja presupuestaria como el que se ha anunciado para 2016. Me atrevo a decir que la elección ha sorprendido- más la aceptación- y ha agradado dentro del sector (que, en teoría, es el que sabe), sin bien, como también ocurre en el caso de RTVE, la cuestión no es quien manda sino sobre qué.
En un sistema económico que prima la iniciativa privada, las empresas públicas sólo se justifican en términos de interés general, de rentabilidad social, que, obviamente, debe combinarse con la financiera. Un ente público de radiodifusión debe esforzarse por ser lo más eficiente y eficaz posible, y pequeñas- subrayo, pequeñas- desviaciones presupuestarias podrían ser admisibles si obedecen a la función social por la que ha sido concebida
Porque los estatutos de los entes que rigen las diferentes televisiones y radios autonómicas siempre apelan a una justificación social, integradora y cohesionadora, un interés general, que motiva la asunción de un esfuerzo presupuestario que visibilice los asuntos, las ilusiones y los anhelos de los habitantes (que no de sus políticos) de los diferentes territorios a los que se ciñen esos entes. Con más frecuencia de lo deseable se ha olvidado esta justificación a la hora de diseñar los contenidos, olvido al que se acoge quien cuestiona el mantenimiento de esos entes.
Ésta es realmente la cuestión a la que se enfrentan IB3, RTVE y otros entes públicos de radiodifusión, y mientras no se resuelva, podremos cambiar de directivos, de leyes para elegirlos, de dotaciones presupuestarias, de directrices que pervierten la esencia de la profesión periodística y la creación audiovisual, pero no conseguiremos que los medios públicos sirvan de contrapunto a los legítimos intereses de las empresas privadas que operan en el sector y recuperen el prestigio que un día tuvieron o debieron tener.
