El juzgado de instrucción número 8 de Palma de Mallorca ha dictado una interlocutoria por la que acuerda la incoación de diligencias previas a raíz de una querella criminal que interpuso el actual equipo de gobierno contras los administradores de Cesgarden. Según confirman desde la institución insular, el órgano judicial considera que los hechos que resultan de las actuaciones puestas de manifiesto por el Consell “presentan características que hacen presumir la existencia de un delito de estafa y fraude procesal“.
El Consell presentó la querella criminal contra los responsables de Cesgarden tras rehusar el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) una demanda de los promotores en la que exigían una segunda suma económica a la administración. Cabe recordar que están cobrando a plazos un total de 16 millones de euros.
La presidenta del Consell, Maite Salord, ha resaltado la importancia de esta última decisión judicial pero pide “prudencia para que los organismos judiciales puedan continuar con su trabajo”.
