Aunque se ha debatido mucho, la solución podría ser mucho más sencilla. Las autoridades deben saber diferenciar si se está ofreciendo un servicio y se cobra por él o si se trata de un grupo de personas que, a modo particular, se montan su hamaca y sombrilla.
Este verano sucedió en varias playas distintas de la costa balear, incluida la menorquina, que los pasajeros de lujosos yates escogían un paraje idílico donde pasar unas horas (con -aparentemente- todo lujo de servicios en la playa). Según Manuel Alonso, presidente de Concemenorca, la asociación de empresas concesionarias de servicios en playas, se trata de que las autoridades puedan identificar si se trata de un servicio que se cobra a los usuarios de un yate de lujo que fondea cerca de una playa virgen o si se trata de esos pasajeros que deciden ir a la playa y se llevan sus aperos. Todo el mundo tiene el mismo derecho de llevar sus cosas cuando va a disfrutar de un lugar público. No obstante, si hay lucro en esa acción por parte de alguien que hace el montaje para sus clientes, debe tener sus permisos, tributar y estar en las mismas condiciones que cualquier otra empresa que ofrece servicios de este tipo y a la que se le exige que cumpla con la normativa u ordenanza municipal.
Alonso ha hecho balance también de lo que llevamos de temporada, ahora que ya empieza a declinar; según ha percibido, la opinión del turista respecto a la isla y a su costa es muy buena. La cosa cambia cuando toca opinar de la infraestructura viaria, en particular de la carretera general. Tampoco se salva de la crítica la falta de aparcamiento en horas punta y en días punta. Para esos casos, Alonso también cree que las autoridades competentes deberían tomar medidas.
