Aclararemos siglas y acrónimos para empezar.
Todo el mundo sabe traducir PP, que cada cual lo califique como le parezca.
CERA es el Censo Electoral de Residentes Ausentes, un nicho de votantes potenciales que ha pasado de 257.169 en 1986 a 1.789.038 en 2015, observando un crecimiento de casi el 700%. Durante ese mismo periodo, el censo electoral total creció el 25%.
MAPAU es el nombre en clave que la policía de Mallorca puso, hace más de quince años, a la investigación sobre la manipulación del censo electoral que clandestinamente urdió el gobierno de Baleares, presidido por Jaume Matas, para transferir un paquete de electores CERA residentes en Argentina, y controlados por el PP, a la circunscripción más pequeña y “rentable”, la de la isla de Formentera, con tal de conseguir ese diputado a las elecciones autonómicas de 1999. Perdieron de todos modos, y la trampa se descubrió.
Sobre el CERA conviene añadir que PP y PSOE se pusieron de acuerdo para reformar el procedimiento de votación, y consiguieron que el porcentaje medio de votantes CERA bajara del 30% al 5% para las dos últimas elecciones generales, las del 20D y del 26J.
Ahora seguiremos haciéndonos preguntas, confesando que a la del título no podemos responder, aún, pero que estamos investigando en busca de la verdad.
¿Quién maneja los censos electorales? El INE principalmente, un organismo que, en última instancia, depende del Gobierno de turno.
¿Qué haría falta, entre otras cosas, para manipular el CERA? Un mismo partido político gobernando en España y en las circunscripciones donde se quiere alterar el censo electoral.
¿Quién gobernaba en España y en Baleares en 1999, cuando MAPAU? Aznar del PP y Matas del PP, respectivamente.
Primera conclusión: En aquella ocasión ocurrió, la condición necesaria se cumplía, pero eso no quiere decir que siempre que haya coincidencia de colores se produzca el delito electoral. Ha de haber también voluntad de cometerlo, cosa a la que pueden ayudar otras circunstancias.
¿Tiene sentido pensar que políticos que roban de las arcas públicas sean también capaces de alterar censos electorales en su beneficio?
¿Es lógico pensar que políticos capaces de mentir sobre “armas de destrucción masiva”, o sobre los culpables del peor atentando terrorista de la historia de España, sean también capaces de manipular burocráticamente el CERA para ganar diputados irregularmente?
Teniendo en cuenta que un solo voto puede decidir qué partido político se lleva un diputado, ¿puede tener interés para los partidos controlar el mayor número posible de los casi 1.800.000 electores que figuran en el CERA?
¿Tiene lógica pensar que el gobierno de Rajoy, conocedor de que sin lugar a dudas perderían la mayoría absoluta el 20D, hiciera todo lo posible por evitar la debacle y arañar como fuera cualquier diputado en cualquier circunscripción pequeña, esas en las que tienen muchos electores controlados, y cada candidato sale por un precio, en votos, muy barato?
¿Resulta creíble que, si hubieran manipulado algo en los censos para el 20D, lo habrían mantenido sin cambios para el 26J, y allí pudiera explicarse una parte del misterio de estas últimas elecciones, quizás las que más diferencia han arrojado entre encuestas y resultados desde hace muchos años?
(Al margen, y dirigida a todos los políticos que no son del PP, ¿Qué terremoto esperan que ocurra en España para que los de Rajoy, a quienes ustedes se atreven a llamarles banda, mafia, indecentes y cosas parecidas, pierdan unas elecciones generales mientras disfrutan del gobierno, y más cómodos aún si solo es en funciones? Menos adjetivos, señoras y señores, y más ponerse de acuerdo para sacar al PP de La Moncloa, que es como ustedes pueden colaborar con la Justicia para acabar en la cárcel con los políticos delincuentes).
Seguimos.
Alcanzando la corrupción unos niveles de penetración escandalosos en el partido político más importante de España, ¿es creíble que en su seno haya un consentimiento general hacia esa lacra como forma natural de hacer política? A esto sí podemos contestar, porque la respuesta está los juzgados y en las urnas. La estabilidad en el número de votos que recibe el PP, a pesar de la avalancha diaria de noticias que confirman el delito continuado de muchos dirigentes de ese partido, certifican que la respuesta es afirmativa. Esta laxitud moral facilita que miles de votantes dejen manipular su voto sin alterar su sentido, pero incumpliendo lo que la Ley establece sobre censos y ubicaciones. Y si están lejos de España, más.
Interrumpimos la transmisión de preguntas y respuestas inconclusas porque nos encontramos en medio de una investigación y no queremos alertar a los presuntos culpables de presunta manipulación estadística. Las primeras sospechas nada presuntas, descritas en un informe de más de ochenta páginas que reproduce decenas de datos electorales que no cuadran, se han hecho llegar a un mínimo de quince personas, de carne y hueso, de entre las 350 que representan a los millones de presuntos perjudicados por estas presuntas irregularidades, o quizás presuntos delitos electorales.
Se ha solicitado a los quince o más, todos de grupos parlamentarios que están contra el gobierno de palabra aunque solo hasta cierto punto, a la vista de los hechos, que acudan al Juzgado de Guardia para
- Denunciar el evidente incumplimiento de la Ley Electoral que se demuestra en el informe,
- Solicitar la intervención de los servidores informáticos oficiales de datos electorales y
- Solicitar el nombramiento de un administrador judicial al mando del departamento que actualiza la información en el citado servidor.
Porque los datos definitivos del 26J aún no se han publicado por el organismo decisivo sobre este asunto que depende del gobierno, perdón por no ser más explícito, a pesar de que sí se publicaron el 22 de julio en el BOE, pero en el formato insuficiente para investigar que utiliza la Junta Electoral.
Porque las elecciones en Euzkadi, y sobre todo en Galicia, están a la vuelta de la esquina.
Y porque nada relacionado con lo electoral debería ser tocado por cualquiera que esté sometido a la disciplina de un gobierno en funciones que se declara incontrolable, mientras flota en un mar de diputados incapaces de cambiarlo.
Acudan a la Justicia, que es lo único que nos queda.
Continuará…
