De todo lo que he podido leer de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el fiscal eneral del Estado, Álvaro García Ortiz,la conclusión es que este hombre ha sido como el “tonto”, permítaseme la expresión no en sentido insultante, sino entrecomillada, “pelotas”. Dícese de aquel que es más voluntarioso que el jefe, esperando que le den algún premio, no ofrecido, para apuntarse un puntito para el futuro ministerio de la cosa.
Para mí la condena es por ir más lejos de lo que podía ir desde la legalidad y desde la obligación de reserva o secreto o confidencialidad del trabajo entre juristas. Este trabajo se basa en la confianza recíproca, no en el temor a que te salgan por publicidades.
Esta sentencia tiene muchas lecturas. La lectura política, la mediática, la de la televisión pública, la jurídica. El análisis es dificilísimo porque deja votos particulares que dan aún más vidilla a la cuestión.
En los artículos de la columna previos que he escrito, avisamos de que el fiscal se había quitado la toga para bajar a declarar. Gesto totalmente innecesario cuando podía declarar en estrados, con la toga puesta. Un brindis de imagen al sol. Pero también llamamos la atención de que se había negado a declarar a las acusaciones. Gravísimo error de defensa, el mismo que Begoña y su esposo. Una chulería miedosa que le ha pasado factura en el texto de la condena final. Nadie discute que se trata de un derecho constitucional, el derecho a no declarar, pero en un tema como este, la confrontación entre un fiscal general del Estado, jurista indudablemente y con tablas suficientes para el combate en estrados, con la acusación era obligatoria. Lo contrario era otro brindis al sol y una invitación a ver las estrellas como las ha visto.
Un tercer elemento, el reconocimiento, en una frase, de su propia responsabilidad: “la verdad no se filtra”. Esto de "la verdad no se filtra" nos metía en otro error, más jurídico que político, e implicaba un reconocimiento de culpa clamoroso. Porque apelaba a la eximente de finalidad altruista, en la línea de que, como lo dicho era verdad, no existía filtración punible. La “exceptio veritatis” de las injurias: no hay delito porque lo que se dice es cierto. No ha funcionado.
La sentencia no entra en quién se chivó primero del email, sino en que quien se chivó, aunque fuese el último de la fila, no debió haberlo hecho por su posición de operador jurídico y más al ser de nivel máximo. Tanta prisa, tanto interés, tanta presión, tanto querer sacar cosas sobre el novio de Ayuso, apetecible en verdad para la carrera de méritos, tanto pedir a fiscales que saliesen de un partido de fútbol, cabreo con la fiscal de Madrid, borrado inmediato de todos los mensajes de su teléfono, alegación de que pudieron ser cientos de personas quienes habían podido filtrar el email… Han sido demasiadas cosas como para que no encaje la defensa, y el problema tenía fácil solución jurídica a pesar de las más de 200 páginas de sentencia.
Creo que no se ha valorado suficientemente el tribunal que juzgaba y a quién juzgaba. Dos instituciones frente a frente del derecho: el Tribunal Supremo en su Sala de lo Penal y el fiscal general del Estado. Siete magistrados, los top del derecho penal en España, que para sentar en una mesa sin toga al fiscal general del Estado y no a cualquiera, debían ver los indicios claros. También expliqué que una cosa era la sospecha, y ahí intervenía la UCO, y otra los indicios, que son más que la mera sospecha. Además, estaba en juego, dije, la credibilidad de la propia UCO, a la que ya le están metiendo mano desde Interior, buscando jefe.
Las cortinas de defensa fueron claras: yo no fui el que filtró, ya estaba filtrado antes de que yo sacase por un periódico, yo no lo hice materialmente, pudieron hacerlo ochocientas personas, el procedimiento ha lesionado derechos fundamentales, lawfare, entre líneas, contra el Gobierno, guerra judicial que se lleva por delante al fiscal general del Estado; o se hizo un comunicado porque sí, contando la cosa del delito fiscal de la pareja, no para desmentir un bulo que venía del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, un hombre siniestro conocido como Miguel Ángel Rodríguez; borrado del móvil porque tocaba borrarlo por aquellas fechas en que se inició el procedimiento penal, defensor de la Fiscalía.
Que dos magistradas hayan votado en contra de la mayoría es irrelevante. Es extraño dentro de las sentencias normales, pero esta, tratándose de una sentencia muy especial, la primera vez que se juzga al fiscal general del Estado, tampoco debe sorprender. No es la primera vez que hay votos particulares en las sentencias, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional.
Acudir al affaire, con todos los respetos, lo considero paranoico y conspiranoide, por lo que no es admisible.
El tema es sencillísimo: mire usted, hay un hecho que es irrebatible: usted hizo una nota y mencionó datos confidenciales, cuando, en todo caso y por razón de su conocimiento —conocimiento de la Fiscalía por tratarse de negociaciones privadas entre partes—, usted debió callarse la boca o utilizar otros instrumentos, menos el que ha utilizado, siendo además el compromiso entre Fiscalía y el Colegio de Abogados hacerlo así. No solo lo hizo, sino que le echó ganas para hacerlo y cuando se montó el lío, usted quiso retirar la mano con argumentos que no le podemos admitir porque lo hecho, hecho está, y si ochocientos lo pueden haber filtrado, más asunto para la Administración que esta posibilidad exista. Y lo de no contestar, pues usted tiene derecho, pero en el fondo ha tenido miedo de meter la pata. Da igual si estaba publicado antes o después, lo cierto es que usted no debió haberlo hecho por razones de secreto y confidencialidad, aun cuando el origen de esa nota haya sido un bulo procedente de Ayuso (MAR, su jefe de gabinete).
Y entonces aquí entra el voluntarismo de la Fiscalía General del Estado. La impresión es que el tema era demasiado goloso o de demasiada trascendencia política porque afectaba a alguien en guerra total con el Gobierno y a su vida privada, y que estaba atacando al Gobierno por corrupción. Era goloso el hacer un “yo estaba por allí” y largar un comunicado que venía bien a Moncloa. Y devolver el favor del nombramiento. No, no está en los estándares de lo asumible en un fiscal general del Estado. A lo mejor en un juez de paz de pueblo podría tener una valoración diferente, pero en usted no. Y lo que nos cuenta no nos convence como excusa de defensa. Y, pues, qué le vamos a hacer, el argumento jurídico del T.S. es casi de Perogrullo, simple. Lo lamentamos, usted sabrá por qué lo hizo, pero no podía hacerlo porque era, indudablemente, utilización o uso de datos confidenciales conocidos internamente por trabajos jurídicos entre abogado y fiscal, ya lo haya filtrado un periódico diez minutos antes o usted de nuevas.
Desde el punto de vista de trascendencia jurídica, se han pasado los límites del derecho penal; desde el punto de vista de valoración de medios, como aquí todo está en sostenerla y no enmendarla, pues nadie va a cambiar de idea, por lo que el debate no tiene la más mínima importancia, y mi consejo es no hacer más caso a los titulares; y desde el punto de vista social, es otra más que se tiene que tragar de una situación que tiene saturada y asqueada a la sociedad.
Sin embargo, no es solo la condena del fiscal voluntarioso y locuaz, sino que esta condena tiene un origen y es una mentira, una actuación rechazable de Ayuso y su gente, y aquí, amigos y amigas, no podemos dejar de poner el ojo tampoco. Con Ayuso van ya tres: la primera, presuntos negocios familiares, consecuencia Pablo Casado a la basura; la segunda, la actividad empresarial del novio de Ayuso, reprobable, y que ha sido mantenida contra viento y marea por Ayuso, en lugar de darle el pasaporte. Ella sabrá por qué; y la tercera, las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante el COVID.
Fiscal general del Estado y Ayuso, un duelo de listos, en el que por ahora Ayuso está sobreviviendo, pero también ha llegado el momento de poner el ojo en lo que pasa en la Comunidad de Madrid y en su presidenta. No huele bien, y el olor no es tolerable. ¿Hay que meter ahí a los cazafantasmas para limpiar la baba viscosa de color verde? ¿Hay que soplar aire fresco? ¿Hay que meter a la UCO?
Madrid continuará.