A veces, actuar contra el medio ambiente conlleva una ahorro económico y hay personas que no dudan en hacer prácticas ilegales con tal ganar recursos. Tal es el caso de los quince individuos investigados por la Guardia Civil en el marco de la operación FEMER, a los que se le imputa un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en Palma de Mallorca.

A final de verano pasado, el Seprona de la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible vertido de residuos sin tratar en un paraje ubicado entre las localidades de Sineu y Llubí. Inmediatamente Guardias Civiles de Protección de la Naturaleza iniciaron una investigación, hallando en el lugar indicado gran cantidad de residuos procedentes de construcción y demolición (RCD), así como algunos de los considerados como peligrosos para el medio ambiente, como fueron plásticos, fibrocemento, material eléctrico etc.
Los residuos se encontraban depositados en un socavón realizado por una máquina excavadora: habían retirado la tierra y depositado en los laterales con el fin de hacer de pantalla al objeto de no ser visto desde la carretera.
Avanzando en la investigación y empleando para ello los medios aéreos (helicóptero) que la Guardia Civil dispone en Balears, los agentes localizaron dos parcelas más donde eran arrojados residuos del mismo tipo por las mismas personas, una en Petra y la tercera en Establiments en Palma.

Una organización de tres escalones
Una vez identificados todos los implicados que intervenían en los hechos, los agentes decidieron citar en calidad de investigados a 15 personas que constituían una organización dividida en tres escalones, 1º el generador de residuos (constructor), 2º el transportista y el 3º el que ocultaba los residuos (propietarios de las parcelas), todos ellos como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, sospechando que pudieran haber ocultado un total de 4000 toneladas de residuos.
La normativa vigente establece que los RCD están sujetos a una determinada gestión (valoración, transporte, almacenaje y eliminación), por parte de empresas autorizadas, en este caso y con la finalidad de evitar el pago de las correspondientes tasas de gestión a los gestores autorizados, los investigados pudieran haber eludido el pago de entre 140.000 y 160.000 €.