Hoy se ha formalizado en Maó la firma del contrato entre el Consell Insular de Menorca y la empresa Datambient Asesores, SL por los trabajos de revisión del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos No Peligrosos de Menorca. El contrato sube un importe de 22.500 euros y tiene un plazo de ejecución de ocho meses.
Desde la institución insular apuntan que “la contratación de estos trabajos se enmarca dentro de nuestras competencias en materia de ordenación del territorio, de acuerdo con el artículo 70.13 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y de la Ley 2/2001, de atribución de competencias a los Consells; en particular, en la competencia para la elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación, como el PDS de residuos no peligrosos, en el ámbito territorial de la isla de Menorca”.
A su vez, recuerdan que “el vigente Plan director se aprobó definitivamente el año 2006, con posteriores modificaciones en 2007 y 2012, pero la evolución del marco normativo europeo y estatal en materia de residuos, así como los cambios de la situación de la isla, motivan la revisión y actualización de dicho Plan. De hecho, la Ley 22/2011 de residuos contempla en su artículo 14 que los planes y programas de gestión de residuos se evaluarán y revisarán, al menos, cada seis años”.
Los trabajos que llevará a cabo la empresa consultora se estructurarán en dos fases: una primera fase de análisis de la situación actual y diagnosis y una segunda fase de redacción del plan y asistencia técnica tanto durante el proceso de aprobación inicial como de aprobación definitiva del mismo.
Asimismo, los trabajos de revisión se acompañarán de un proceso participativo que se estructurará en tres ejes:
– Participación de representantes municipales, sectores económicos y entidades del territorio a través de la creación de la “Tabla de residuos de Menorca».
– Participación de representantes municipales, sectores económicos y entidades del territorio a través de la realización de sesiones formativas.
– Participación de la ciudadanía a través de un «Proceso abierto a la ciudadanía».
