El Centro Penitenciario Menorca tiene personal insuficiente desde su apertura y esto ha impedido que se pusieran en marcha los departamentos “Sección abierta” para presos de tercer grado, “Régimen cerrado” para los reclusos más peligrosos” y parte de la “Enfermería”. Así lo explica uno de los funcionarios de la cárcel, Miguel, que también es miembro de la plataforma Unidos Funcionarios de Prisiones (UFP) que pretende defender los intereses de este colectivo a nivel estatal.
Cabe reseñar que el centro si dispone de atención sanitaria para los internos, pero no dispone de todos los servicios de “Enfermería”. En lo que respecta a “Sección abierta” esto dificultaría la concesión de permisos de fin de semana incluso a reclusos menorquines. El no funcionamiento de “Régimen cerrado” podría estar ligado al tipo de presos que hay en el centro.
En la actualidad la prisión isleña tiene unos 80 funcionarios de prisiones los que, aproximadamente, un 25% serían miembros de UFP aunque ninguno consta como afiliado porque es una plataforma y no se ha constituido como sindicato. Para poder atender correctamente todos los servicios afirma que faltarían unos 40 efectivos más. A este número hay que añadir los policías nacionales y vigilantes privados que se encargan del exterior del centro.
La plataforma ha elaborado un documento en el que recogen las quejas del colectivo a nivel estatal. Piden facilitar la movilidad laboral para promocionar en sus puestos de trabajo, estar incluidos en el protocolo de agresiones de la Administración, un control sobre la formación para asegurar que esta sea de calidad y rechazan una posible privatización de los centros de reclusos.
Miguel reconoce que Menorca no es un centro especialmente problemático. Señala que aquí hay una media de un funcionario en activo para cada 35 reclusos cuando en otros puntos del Estado el ratio puede ser de 1 para cada 130 en lo que respecta a trato directo en funciones de vigilancia, reparto de medicinas, bajar los internos a los comedores…
En lo que respecta a la promoción interna, Miguel afirma que en cinco años no ha habido ningún concurso para traslados y promociones. “Ahora acaba de salir uno debido a la apertura de dos nuevos centros y a las presiones ejercidas, pero no sabemos que puede pasar el año que viene”.
A este hecho se le añade que el plus por insularidad en Menorca es muy inferior al de otros lugares como Canarias. “Allí es de unos 300 euros cuando en Menorca sólo es de 80. Esto dificulta mucho que los funcionarios se planteen establecerse en la Isla. Aquí todo es más caro y ahora, encima, están subiendo mucho los precios de los alquileres de viviendas”.
En lo que respecta a la formación, denuncia que los actuales cursos que hay son “un mercadeo con los sindicatos y pedimos que vuelva a haber una formación tutelada por Instituciones Penitenciarias que vele por su rigurosidad y calidad”.
UFP también rechaza la privatización de las prisiones. Miguel señala que la vigilancia perimetral ya se está dejando a empresas privadas de seguridad. “Además se va a modificar la ley para permitir externalizar servicios del interior de los centros penitenciarios. Estamos hablando de personas que viven dentro recluidas. Hace falta una formación muy específica para poder atenderlas y no creo que guardias privados de seguridad sean los más adecuados”.
En lo que atañe a agresiones en el centro penitenciario, Miguel reconoce que el de Menorca es poco conflictivo. “Pero tener plantillas cortas y no rejuvenecerlas facilita que haya incidentes”. Desde la UFP. El documento elaborado por la plataforma de funcionarios reza ” el 20 de noviembre de 2015 el Gobierno de España aprobó el Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, protocolo en donde los funcionarios de prisiones NO FUIMOS INCLUIDOS, cuando somos el cuerpo de funcionarios de la AGE más agredido, y gracias a las denuncias realizadas ante el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Ciudadanos se está trabajando en su inclusión. Informar que a fecha de hoy no se encuentra aprobado todavía.”.
Este documento se ha llevado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Al mismo tiempo se están recogiendo firmas para dar más fuerza a la reivindicación.
