Las sanciones que imponga el Govern al alquiler vacacional ilegal través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda no serán incompatibles con las multas que impongan los Consells Insulars. Así lo ha señalado este martes el Govern tras abrirse un primer expediente a raíz de una denuncia anónima llegada al Consell de Eivissa. El Govern entiende que las irregularidades que evalúan ambas instituciones “tienen un carácter diferenciado y motivos bien delimitados: en el primer caso, la penalización sería por alquilar una vivienda pública y, en el segundo, por tener un destino turístico”.
El citado expediente sancionador se ha abierto con la información facilitada por el Consell d’Eivissa, que señala que la vivienda protegida se comercializaba a través del portal de internet Airbnb ofreciendo diversos servicios complementarios. Además, de acuerdo con la información que consta en el expediente, la persona que alquilaba esta vivienda lo había hecho en numerosas ocasiones.
En base a la legislación vigente, la persona que ha alquilado su vivienda protegida puede enfrentarse a sanciones que pueden llegar hasta 3.000 euros cada vez que el piso haya sido alquilado a turistas.
