La Justicia ha rebajado sustancialmente las costas reclamadas por el Consell de Menorca al grupo ecologista GOB por el litigio para eliminar las macrorrotondas de la carretera general.Los 56.800 euros reclamados se van a quedar en apenas 9.000 según anunciaron este lunes los propios ecologistas en su web.
Durante la pasada legislatura el GOB quiso impedir en los juzgados que se aprobaran las macrorrotondas de la reforma de la carretera general. El entonces equipo de gobierno insular del PP se negó y por ello fueron a juicio. El ejecutivo insular ganó el litigio y el juez condenó a los ecologistas a pagar las costas.
Desde el Consell se les remitió una factura de 56.800 euros a cuenta de los servicios de los abogados Pedro Monjo y Juan Manuel Lafuente así como de la procuradora C. Alemany. Los ecologistas, que habían gastado por los mismos servicios menos de 8.000 euros, solicitaron un peritaje ante la justicia y el Colegio de Abogados. Según Miquel Camps, portavoz del GOB, el juez entendió que el Consell no necesitaba una procuradora porque ya tenía sus servicios jurídicos que podían realizar esa tarea. Tampoco era necesario disponer de dos abogados cuando con uno tenían suficiente. Por todo ello rebajó las costas a 9.075 euros.
Posteriormente hubo elecciones y el nuevo gobierno del Consell eliminó los principales puntos de conflicto de la carretera. Por ello desde el GOB se considera que al final todo sirvió para este fin.
Para abonar el coste judicial de esta lucha contra las rotondas la entidad acaba de poner en marcha una campaña de miccromecenazgo.
