Los ayuntamientos Balears podrian afrontar una oleada de demandas tras haber aplicado erróneamente la fórmula de cálculo para determinar la base imponible del impuesto de la plusvalía municipal cuando se produce una transmisión de viviendas, plazas de garaje, locales comerciales, fincas en suelo urbano, etc.
Según expertos en este tipo de reclamaciones, el volumen de lo reclamado podría llegar a los 91 millones de euros. “No estamos hablando de los casos sin incremento de valor del bien, sobre lo que ya se pronunció el Tribunal Constitucional y dijo que no era aplicable este impuesto (es decir, que se puede recuperar íntegramente lo pagado), sino en todos los casos, con incremento de valor del inmueble o sin él, pues la fórmula aplicada para calcular el impuesto es errónea, tal y como está reconociendo la justicia en cada vez más sentencias”, señalan.
Estas sentencias se han producido ya en Madrid, Valencia, Albacete, Cuenca y en el propio Tribunal Supremo. Con estas decisiones judiciales, los afectados han podido recuperar hasta un 37,5 por ciento del impuesto (en función de las características del inmueble y los años de tenencia del mismo). Desde el año 2013 se calcula que, por este motivo, las arcas de los consistorios en España han ingresado más de 3.000 millones de euros de más a costa de los contribuyentes. En Balears, el volumen alcanzaría los 91 millones de euros cobrados de más al no calcular la base imponible de manera correcta con arreglo a una fórmula matemática que permita calcular el incremento real de valor experimentado, tal y como exige expresamente la Ley que regula este impuesto.
Según cálculos de los expertos citados, en España en los últimos 48 meses, que es el período reclamable, 150.426 fincas urbanas transmitidas en Balears estarían afectadas por la mala praxis de los ayuntamientos en la fijación de la base imponible de este impuesto.
El error de cálculo en la plusvalía afecta a todos los contribuyentes de este impuesto. Los que pueden reclamar son aquellos que hayan autoliquidado el impuesto siempre que no haya transcurrido el plazo de 4 años desde que pagaron. La mayoría de los ayuntamientos como el de las grandes ciudades de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga… aplican autoliquidación. También afecta a las personas cuyo ayuntamiento les haya liquidado el impuesto, aunque en este caso, el contribuyente dispone de un mes para reclamar su dinero, desde el momento en que recibe la liquidación.
