Esta mañana se ha celebrado en la ciudad condal el Convenio de Barcelona en el que se han reunido 20 instituciones internacionales así como administraciones públicas, en el cual se ha decidido otorgar protección internacional al Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear declarándolo Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), tal y como estas organizaciones venían reclamando desde hace más de dos años.
Esta decisión del Convenio de Barcelona era ampliamente esperada en España y a nivel internacional debido al altísimo valor ecológico de este espacio y al hecho de que durante los últimos años hayan despertado el interés de diversos proyectos para la extracción de hidrocarburos.
A lo largo de 2016 y 2017 se han producido numerosos apoyos institucionales en favor de la declaración de esta ZEPIM, entre los que se incluye el Congreso de los Diputados, el Parlamento Balear, el Gobierno de las Islas Baleares, la Generalitat de Cataluña y la Generalitat de Valencia, los Consells Insulares de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza, y los Ayuntamientos de Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca así como los de Ibiza, Mahón, Ciudadela, entre muchos otros en las Islas Baleares, además de los provenientes de la sociedad civil y de la comunidad científica.
Una consecuencia directa de esta protección internacional es que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) deberá archivar todos los proyectos de prospecciones de hidrocarburos y las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos que afecten a este espacio protegido.
En lo que concierne a Baleares , esto significa la paralización del proyecto de sondeos acústicos de la compañía Spectrum Geo Limited en el mar Balear (el cual cuenta ya con una Resolución de archivo del Ministerio de Medio Ambiente, MAPAMA).
Tal y como establece la decisión del Convenio de Barcelona adoptada hoy, para hacer definitiva la declaración de la “Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo” , el Gobierno español deberá tener publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto, actualmente en el proceso oficial de tramitación, por el cual se declara el Corredor de Migración de Cetáceos como Área Marina Protegida y se aprueba un régimen de protección preventiva en el área.