El GOB de Menorca pide una comisión de investigación de los gastos de la mejora de la carretera general abonados por el Consell en el anterior mandato del PP. Un litigio ha hecho aflorar una serie de pagos poco claros y el actual gobierno insular ya ha anunciado una revisión de todo el proceso.
El conseller de Mobilitat de Menorca, Miquel Preto, ha sido contundente. Si hay delito se exigirán responsabilidades patrimoniales, penales o de lo que sea.
El GOB ya denunció la diferencia de los costes del juicio que perdieron al tratar de paralizar la obra de la general. Menos de 8.000 euros para ellos y más de 56.000 para el Consell, pero en el pago de costas el juez rebajo los gastos a apenas 9.000. Señaló que ni eran necesarios dos abogados para el Consell que cobraron 30.000 euros ni una procuradora que facturó 26.000 ya que los servicios jurídicos de la institución hacían innecesaria su presencia.
Más tarde afloraron contratos sospechosos a empresas como 21.000 euros para responder las alegaciones al proyecto de mejora o 21.000 euros más para acompañar al conseller del PP en las presentaciones de la reforma.
Las sospechas no se quedan aquí. Miquel Camps, portavoz del GOB, señala que la compañía externa que asesoró al Consell decidió qué empresa debía ejecutar la obra. A los dos meses ya se paralizaron los trabajos porque exigían un sobrecoste de 3,5 millones de euros y, curiosamente, la administradora suplente del negocio, según el GOB, era la procuradora de los 26.000 euros.
Una delegación del GOB se reunió este viernes con la presidenta del Consell para pedirle la constitución de esta comisión investigadora. Cabe decir que estas acusaciones surgieron durante un acto del GOB ante el Consell para escenificar el pago de 9.000 euros de las costas del litigio.
