Tras ver sus valoraciones generales, el enfoque que da a la Ordenación del territorio, Turismo, Transporte Aéreo , Presupuestos Generales del estado y la oposición, Susana Mora se centra en nuevos aspectos que afectan a Menorca.
.- ¿Cuánta gente se ha beneficiado de las ayudas sociales del Consell?
.- Nosotros hacemos una política transversal. Hay que hacer una política asistencialista, es necesario, pero no sólo esto. Hay que ir más allá. En el ámbito estrictamente de Bienestar Social hay una serie de convocatorias como la renta de inserción, pero también tenemos otro tipo de políticas, como las de ocupación, las de vivienda, ayudas al transporte. Es muy complicado dar una cifra exacta porque son cantidades que varían. Ahora entramos en la temporada turística y hay gente que vuelve a trabajar, entre ellas las 150 personas que han podido acceder a programas de ocupación. En el conjunto la valoración es positiva dentro de esta transversalidad, pero es muy difícil de calcular.
.- ¿Se harán más parques eólicos y fotovoltáicos? Que el Consell sólo tenga una instalación de cuatro molinos y que dos de ellos estén averiados parece pobre.
.- Es pobre. Sin duda es pobre para cualquier territorio y especialmente para una Menorca que celebra el 25 aniversario como Reserva de Biosfera. Pero deberíamos analizar por qué es pobre. El Consell, como institución insular tiene su parte de responsabilidad. Es innegable. Pero también es cierto que el contexto vivido hasta ahora nos ha llevado aquí. Me refiero a la normativa estatal que es la que tiene la competencia en energía. Es la que propicia que haya, o no, cupos en los diferentes territorios. Pongo el ejemplo de la planta de Son Salomó. Tiene todos nuestros permisos y ha superado el gran debate social, nada fácil, en cuanto a ubicación. pero no es una realidad porque el ministerio no le ha otorgado el permiso para conectarse a la red eléctrica. Una normativa debe impulsar una inversión. tanto pública como privada. Hemos vivido unos años en los que no se ha invertido y hay que trabajar para revertir esta casuística. Hay que reivindicar ante quien tiene el poder un cambio de política y legislación. Nosotros lo que debemos hacer es trabajar para que, cuando se dé este cambio del marco legal, Menorca esté preparada. Esto será posible a nivel balear con una ley ambiental que se desplegará de forma pionera en el Estado español y en Menorca en torno a una zonificación que contemplará el PTI. Así, cuando la ley favorezca la instalación de generadores de energías renovables Menorca los pueda incorporar tras superar debates administrativos y sociales. Mientras vamos aportando granitos de arena como la instalación de placas solares en todos los edificios públicos que tienen tanto una vertiente ambiental como otra de ahorro económico. Otra mejora son los puntos de recarga eléctrica para vehículos para modificar al movilidad insular.
.- Pero más allá de los problemas de carácter legal en Menorca hay una gran reticencia social a instalar parques eólicos y fotovoltáicos por cuestiones paisajísticas. Son salomó es el ejemplo más reciente. ¿Qué hay que hacer entonces?
.- La zonificación del PTI será la solución. Estamos en el marco de la revisión territorial insular que, años ha, ya fue capaz de zonificar terrenos rústicos, equipamientos para residuos, etc. Pero no supo establecer dónde serían las ubicaciones óptimas para instalaciones de energías renovables. En este debate nos encontraremos en breve pero con un punto de vista integral que facilita la solución porque al no sectorializar un debate que termina afectando al resto permitirá que Menorca tenga un mapa de consenso que propicie la instalación de estos generadores de energías limpias tan necesarias para nuestra Isla.
.- ¿Hasta qué punto hay que controlar la circulación de vehículos con motor de combustión sean de turistas o residentes? Menorca es una isla relativamente pequeña en distancias por lo que los coches y demás pueden aguantar más tiempo y el parque móvil está más envejecido. Todo un problema.
.- Sí. Es un tema muy complicado porque afecta al territorio, pero también a cuestiones económicas y aquí topamos con directivas europeas. Por ello hay que saber conjugar estas dos variables en términos de idoneidad. Nos movemos dentro del marco legal insular, pero también balear. El Ejecutivo autonómico ha iniciado en Formentera un programa pionero complicado de implantar pero que puede ser un espejo para la sociedad menorquina qu epodrá decidir si también lo quiere para si tras ver su evolución en suelo formenterense.
.- Las indemnizaciones millonarias que afectan al Consell preocupan y mucho a la sociedad porque restringen la capacidad del Consell.
.- Hay que situarlas en su contexto. Las hay que derivan de sentencias fruto de un debate sobre un plan territorial. Hay otras que obedecen a una falta de acuerdo en un justiprecio en una expropiación. Y, esperemos que no llegue, pero hay otras como la de un parque acuático fruto de un expediente administrativo susceptible de ser declarado no ajustado a ley en su tramitación que tienen otro contexto diferente. Cada una merece un trato diferenciado. Las primeras son las que generan más polémica. En primer lugar quiero señalar que ninguna sentencia cuestiona la competencia del Consell de decidir sobre ordenación territorial y a definir nuestro modelo de Isla. Tampoco se cuestiona la redacción del PTI de 2003 ni la revisión de 2006. ¿Qué pasa entonces con estos casos?. En el más famoso, Cesgarden, hay una desafortunada vía judicial que nos lleva a una conclusión que no es la óptima para Menorca. En lo que respecta al Princesa Son Bou nosotros tenemos la competencia para ordenar el territorio, clasificarlo o desclasificarlo en función de unas normas urbanísticas pero luego hay que tener presente los derechos para desarrollar la zona cuando a algunos ciudadanos se les reducen sus posibilidades. Además necesitamos que los planes municipales permitan el desarrollo del PTI. En el caso de Alaior tenemos un caso claro que se gestionó de forma adecuada por un equipo de gobierno de izquierdas y cuando se judicializa el tema el equipo de gobierno actual es incapaz de presentar la documentación que habría validado el plan general. es por esto que cada caso hay que contextualizarlo. En cuanto a sentencias no es bueno que la ciudadanía deba pagar indemnizaciones. Pero si estas obedecen no a una mala gestión o decisión de los equipos de gobierno sino que se trata del dinero que hay que pagar para aplicar el modelo territorial que queremos de cara al futuro no hay que valorarlo de forma negativa sino como un riesgo asumible de la competencia política.
.- En el caso del parque acuático Splash de Biniancolla Més se posicionó muy en contra de su construcción en el anterior mandato. Des de Podemos ya han dicho que están contentos de que se haya anulado al declaración de interés general. Pero el equipo de gobierno insular ha decidido luchar en los tribunales para no tener que indemnizar a los promotores. ¿Está el equipo de gobierno luchando por algo en lo que no cree?
.- Directamente sí. La pregunta es muy concreta y la respuesta también. ¡Sí!. Dos de los partidos que conformamos el actual equipo de gobierno, PSM-Més y PSOE estábamos en la oposición en el pasado mandato y ambos éramos claramente contrarios a que se construyera este parque en el suelo en el que se hizo ya que había otras ubicaciones en terrenos adyacentes que no resultaban problemáticas según el PTI y el Plan General de Sant Lluís. A partir de aquí en este mandato se nos añade Podem, pero nosotros debemos encarar el futuro en clave partidista de para las elecciones, pero con un respeto institucional que está por encima de todo. Menorca está por encima de nuestros intereses. Tener la razón pero a costa de pagar una indemnización no nos supondría ninguna satisfacción. Al final, de lo que se trata es de defender los intereses de Menorca y evitar estas consecuencias económicas
