Los propietarios de Binimoti deberán afrontar o una sanción administrativa o una querella penal por permitir el desgaste continuado del puente del siglo XVIII debido a la falta de mantenimiento que acabó con su hundimiento. Así lo apunta el conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, quien, desde que se supo del colapso de la estructura se mantiene en contacto permanente con el abogado que llevaba el caso Binimoti y con los servicios jurídicos del Consell para ver las medidas a adoptar. Las primeras decisiones se esperan para este mismo lunes 16 de julio.
Maria recuerda que la ley de bienes patrimoniales en su artículo 22 es tajante y responsabiliza a los dueños de estos inmuebles protegidos de su cuidado. Cabe recordar que el puente de Binimoti estaba inventariado y catalogado por el municipio de Ferreries. No es la figura de mayor protección, el Bien de Interés Cultural, pero la ley no hace distinciones en cuanto al grado de protección. Si es un bien catalogado, aunque sea por el ayuntamiento, se rige por esta normativa.
Una de las dudas existentes es si la propiedad de Binimoti deberá reponer, o no, el puente. “Como mínimo serán sancionados por no mantenerlo” explica Maria. Si la sanción incluye el gasto para su recuperación es algo que ya se vera añade el conseller.
El conseller espera que la ley se aplique con todo su rigor en este caso ya que considera que la propiedad actuó “de mala fe” en todo este caso. Puso como ejemplo las innumerables trabas para permitir la inspección del puente por parte de los técnicos de Cultura del Consell.
