Menorca tiene un problema con las reservas de agua pero la administración competente no actúa, según el GOB. Los ecologistas decidieron forzar situaciones para salvar esta inacción oficial. Después de un año y medio de gestiones y la intervención de un abogado, se han podido ver los expedientes de tres regadíos denunciados en 2016 porque regaban a pleno sol de verano. En si, eso no era delito aunque si que representaba una dilapidación de agua de acuífero que se viene repitiendo año tras año desde hace mucho tiempo.
Por ello se pidió una inspección para comprobar si las tres fincas estaban cumpliendo con los requisitos mínimos que se piden a los sitios con regadío: que tengan contadores y que remitan la información de las extracciones anualmente. Ninguno de los tres casos cumple estos requisitos.
A pesar de la difícil situación del agua en la isla, el Departamento de Recursos Hídricos no hace inspecciones de oficio en Menorca. Y cuando recibe peticiones externas también le cuesta mucho ponerse al trabajo. Los tres casos que el GOB ha seguido lo demuestran claramente.
Un caso no tenía contadores, el otro tenía pero no hace ningún control en las extracciones y el tercero riega con aguas depuradas sin autorización ni control de contaminantes.
En uno de los regadíos, situado en Ciutadella, la Conselleria tardó 5 meses a ir a hacer la inspección (y lo hace porque el GOB siguió enviando escritos insistiendo en el tema). Se comprobó que no había contadores ni control en las extracciones y se levantó un acta. 14 meses después aún se recuerda a la propiedad la obligación de tener contadores.
En un segundo caso, también un regadío de Ciutadella, el pozo dispone de contador pero nunca se ha enviado la documentación obligada anual a la Conselleria detallando las lecturas que acrediten las extracciones. A pesar de hacer la inspección, que también tardó 5 meses, no consta que la Conselleria haya exigido este requisito vigente desde hace 18 años.
El tercer caso, situado en Es Castell, resulta que emplea agua de la depuradora, pero sin autorización. Esto tiene una doble lectura. Por un lado no se usa agua del acuífero. Por el otro no hay control sobre los posibles contaminantes que puede llevar el agua depurada. A la EDAR de Maó-Es Castell llegan normalmente metales pesados industriales, una cantidad importante de sal y ocasionalmente lixiviados complejos del vertedero de Milà.
La finca en cuestión se encuentra sobre una zona catalogada como de riesgo de contaminación de acuífero. Se tardó medio año en hacer un requerimiento a la propiedad para que tramite la autorización correspondientes y no respondió. Se le envió un segundo escrito a los cuatro meses y no consta que se haya presentado la documentación pertinente.
Además de la situación de descontrol que evidencian los tres casos, llama la atención la gran dificultad encontrada para poder acceder a los expedientes. Cuatro escritos han tenido que hacer pidiendo poder consultar los expedientes y no se ha recibido ninguna respuesta. Finalmente, se tuvo que acudir a un abogado especializado para poder acceder y viajar a Palma para verlos.
Un año y medio para poder ejercer el derecho de consulta. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, establece que las solicitudes de acceso a información pública se resolverán en el plazo máximo de un mes.
El GOB ha vuelto a escribir para cada uno de los casos, pidiendo que, sin perjuicio de los expedientes sancionadores que se puedan derivar, se obligue a hacer el control de extracciones a las dos fincas que riegan de acuífero y que se establezcan cautelas para asegurar que el uso de agua depurada no controlada no acabe contaminando la zona que se riega.
