Las leyes comunitarias obligan a los Veintiocho a adelantar una hora los relojes el último domingo de marzo y retrasarla el último domingo de octubre para tener en cuenta la evolución de la luz diurna y aprovechar su disponibilidad. Entre los argumentos para hacerlo se esgrime el ahorro de energía, una mayor seguridad vial, contar con más tiempo para el ocio antes de que se haga de noche o simplemente la equiparación con los países vecinos y principales socios comerciales.
Bruselas cree que algunos de esos razonamientos se basan en conclusiones poco contrastadas o con un efecto mínimo sobre la economía. Los estudios consultados por la Comisión Europea indican que el ahorro de energía derivada del cambio de hora de verano es marginal, entre el 0,5 y el 2,5%. Tampoco está claro que disminuya el riesgo de accidentes de tráfico. Y advierten de que su impacto en los biorritmos humanos —en forma de cansancio o falta de concentración— podría ser más importante de lo que se suponía en un primer momento.
Entre tantos datos contradictorios, la única certeza es que permitir cambios horarios descoordinados entre los Estados miembros iría en detrimento del mercado interior. Si se pone fin a la obligatoriedad del cambio horario, cada país sería libre de elegir su zona horaria, pero Bruselas espera que sea cual sea la decisión final, los socios europeos no vayan por la vía unilateral y exista un marco común.
