La nueva incorporación se suma a los cargos ya existentes con lo que el equipo de March queda configurado de la siguiente manera: dos jefes de gabinete, un responsable de comunicación y tres asesores técnicos. El coste anual en nóminas del equipo asciende a los 285.388 euros. Así queda reflejado en la Modificación de la Relación de puestos de trabajo de personal eventual publicada en el BOIB (Boletín Oficial de las Illes Balears) número 141 y ratificado por la consellera Pilar Costa.
No es la primera vez que la designación de cargos a dedo en la Consellaria de Educación genera polémica. Desde Ciudadanos se ha denunciado en diferentes ocasiones el aumento de asesores en gran número, el favoritismo con el que aseguran se eligen y lo que consideran oscurantismo en cuanto a su cantidad. La diputada Olga Ballester así lo denunció en mallorcadiario.com: “lo que ocurre es que no hay una relación de puestos de trabajo estable y transparente (…) Los profesionales de servicios generales están descontentos porque estos puestos no se ofertan y además están cansados de explicarle cómo funciona todo a cada nuevo asesor que entra. (…) Entran por capricho del conseller o no sé de qué persona. Y eso está mal porque son puestos estables, mal porque no están ocupados por la persona técnica que debería estar, mal porque se hace algo vergonzoso que es entrar a dedo a personas en un puesto de trabajo, y mal porque es un desprestigio para la Consellería de Educación”.
Por su parte, March, reconoce la existencia de 150 asesores, si bien asegura que las cosas van a cambiar: “Ha habido tantos asesores por varios motivos. Desde la trasferencia de Educación no se creado una estructura administrativa para gestionarla. Lo fácil era recurrir a asesores para ocupar puestos de administrativos. Hacienda y Función Pública no daban permiso para crear esas plazas y, como docentes tenemos de muchas especializaciones, se acababa recurriendo a ellos. Hay una segunda explicación, y es que siempre existirán asesores docentes. Lo que estamos trabajando es que las plazas de asesores se reduzcan a un centenar y que las otras 50 pasen a ser cubiertas por personal de la CAIB”.