La presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, ha manifestado tras la compra de los cuarteles del municipio de Es Castell que este acto “demuestra que solo desde la colaboración entre las instituciones se puede avanzar para mejorar la vida de las personas”.
Armengol ha explicado que “la firma de compra de los cuarteles Duque de Crillón y Conde de Cifuentes es la culminación de un proceso que se inició hace más de tres años, en el que desde la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad se ha negociado con la SAREB para poder llegar a un acuerdo que permitiera adquirir los inmuebles a un precio adecuado para destinarlos a usos públicos “. La SAREB aceptó el pasado octubre la oferta económica planteada por el Gobierno, que es de 2.420.000 euros. La presidenta también ha incidido en que “la implicación de las tres instituciones -Gobierno, Consejo y Ayuntamiento- ha sido importantísima para poder destinar los cuarteles a intereses públicos.”
Esta adquisición da respuesta a una reivindicación histórica de la ciudadanía de Menorca, la sociedad civil y entidades, el Ayuntamiento de Es Castell, el Consell insular y el Govern balear, dado el valor histórico, patrimonial, cultural, arquitectónico y paisajístico de los inmuebles y, sobre todo, por las importantes posibilidades que se abren de incorporar servicios públicos para la ciudadanía en estos dos valiosos inmuebles hoy sin uso. Por este motivo, la presidenta de las Islas Baleares considera que “lo que se vive hoy es un éxito de todos”.
Los usos concretos de los cuarteles se definirán en acuerdos posteriores, siempre con fines de interés público y social. Para ello las tres instituciones se comprometen a poner en común los medios económicos, personales y materiales que sean necesarios.
Una vez firmado el convenio, el Govern formalizará la compra de los cuarteles con la SAREB. La previsión es que este contrato de compraventa se pueda llevar a cabo el primer trimestre de 2019.
Aunque el Gobierno será el titular de los cuarteles, se seguirá con el proceso interadministrativo para definir la distribución posterior de los inmuebles para ser destinados a los fines públicos que determinen las tres instituciones, proceso que se materializará a través de la Comisión de Coordinación que se creará al efecto.
Una vez se formalice la compraventa y los cuarteles sean titularidad de la Comunidad Autónoma, la Comisión de Coordinación será la encargada de presentar el próximo año las propuestas de usos de los cuarteles y de plantear las fórmulas de colaboración o los proyectos urbanísticos que sean necesarios para abordar las modificaciones eventuales del Plan General que permitan destinar los cuarteles a los usos que se determine.
La Comisión de Coordinación estará integrada por tres representantes de cada institución (uno de carácter público y los otros dos de carácter técnico) y tendrá por objetivo analizar y concretar las diferentes propuestas.
