Quienes albergamos serias dudas de que España sea una democracia con separación de poderes y una sociedad que la defienda hemos recibido esta semana dos nuevas pruebas que justifican nuestras peores sospechas.
Por una parte, el episodio de un juez que se incauta del teléfono móvil y el ordenador de dos periodistas en busca de una garganta filtradora cuya actuación, por otra parte, no parece haber perjudicado la de la justicia en persecución del delito.
No arrendaría las ganancias de quienes, dirigidos por el juez Florit y pudiendo al menos intentarlo, no han hecho nada por impedir esta sorprendente acción de la justicia contra la libertad de prensa. En mi opinión, tener bajo su responsabilidad y durante varios días unos aparatos tan peligrosos como los de profesionales cuyo trabajo está especialmente protegido por la Constitución puede terminar convirtiendo este asunto en una gran bola de nieve.
Con lo sensibles que son estos cacharros a las manipulaciones ajenas, ¿qué harán con ellos sus legítimos propietarios cuando el señor juez decida devolvérselos? Pues, lógicamente, encargarán una auditoría exhaustiva. ¿Y si aparecieran alteraciones de cualquier clase? Si alguien me dijera que la cara de pocos amigos que llevaba puesta el juez Florit en la fotografía elegida por el Diario de Mallorca del viernes 14 no corresponde a una foto de archivo, me lo creería sin lugar a dudas. Yo, en su lugar, también estaría terriblemente cabreado conmigo mismo.
La segunda prueba de la debilidad de esta democracia es que la parte más ofendida, toda la prensa española, no está realizando una protesta coordinada consistente, por ejemplo, en repetir esa denuncia en las portadas hasta que el juez devuelva lo incautado. No se atreven a realizar la manifestación más pacífica de todas, la que solo protagonizarían unas palabras escritas.
