La Fiscalía sostiene en su escrito que los acusados llevaron a cabo diferentes actuaciones irregulares vinculadas a contrataciones públicas y que supusieron un favorecimiento arbitrario a determinadas empresas y personas.
Entre otros acusados, figuran el exdirector de la APB, Ángel de Matías, para quien la Fiscalía pide 18 años y 8 meses de cárcel; el expresidente de la APB, el menorquín Francesc Triay, para quien la Fiscalía pide diez años; y el empresario Gerardo Díaz Ferrán, quien se enfrenta a una pena de tres años y medio.
Según el fiscal, los presuntos amaños afectaron a los concursos para la adjudicación de Ibiza Nueva, la gestión de puestos de amarre en el Moll de Llevant del puerto de Maó, la gestión de amarres de La Sabina (Formentera) y un contrato de asistencia técnica sobre el plan director del puerto de Maó.
En su escrito, la Fiscalía también acusa a De Matías y otro empleado de la APB, ya fallecido, de haber aceptado la instalación de una cocina en sus viviendas como regalo por parte de personas vinculadas a un grupo de empresas.
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