Los investigadores realizaron nueve registros, localizando en uno de ellos un avanzado y sofisticado laboratorio que refleja la profesionalidad de los falsificadores y la alta calidad de los elementos que elaboraban, contando con la infraestructura necesaria para llevar a cabo todas las falsificación sin requerir laboratorios complementarios.
Entre los efectos intervenidos destacan dos grabadoras láser CNC, dos prensas de impresión tampográfica y termográfica y unas 2.000 tarjetas en blanco (PVC y PC), la mayoría de ellas con el chip incorporado.
Documentación por 5000 euros para llegar a España
La investigación se inició el pasado mes de junio de 2018. Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos de identidad para facilitar la introducción en nuestro país de ciudadanos marroquíes.
Tras constatar los hechos y realizar diversas gestiones comprobaron que la red estaba liderada por ciudadanos argentinos y españoles que contaban con una red de intermediarios de origen marroquí. Los intermediarios se encargaban de facilitar a sus compatriotas las documentaciones a través de familiares que estuvieran en España.
Una vez elaborado el documento, los falsificadores los hacían llegar a los intermediarios mediante mensajería postal realizándose el pago a través de transferencias bancarias o entidades de envío de dinero. Una vez que los documentos estaban en posesión de sus destinatarios en Marruecos, estos accedían a territorio español por vía aérea en vuelos directos o a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.
El pago de los usuarios finales variaba en función del tipo de documento. Por los pasaportes se pagaban 5.000 euros, mientras que por los permisos de residencia y de conducción alrededor de los 800 y los 1.500 euros. La variedad de documentos que falsificaban era muy elevada, muestra de su profesionalización, ya que elaboraban pasaportes -italianos, argentinos y marroquíes-, cartas de identidad francesas o italianas, visados estadounidenses o tarjetas de residencia de España (régimen general y comunitario).
Los agentes constataron que no se dedicaban únicamente a la venta de documentos falsificados para la entrada ilegal en España, sino que también eran utilizados para la constitución de empresas, la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de créditos o la obtención de permisos de conducir. En algunos casos se ha detectado la presentación a lo exámenes de otras personas, previa manipulación de la fotografía y del chip del pasaporte español de los interesados.
