Estudios demuestran que el número de casos en los que las víctimas confiesan una situación de maltrato puede aumentar hasta un 20% cuando la víctima es atendida por personal de enfermería formado en violencia de género. Por esto, el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado que se destinen los recursos materiales y humanos necesarios para que en el ámbito sanitario se pueda dar respuesta a las mujeres que sufren violencia de género. “Trabajar en la erradicación de este grave problema que afecta a las mujeres es una cuestión de todos y todas”, han señalado.
La formación del personal de Enfermería facilita el diagnóstico y detección, y favorece la creación de un clima idóneo y de confianza que facilita la relación interpersonal y la atención personalizada e individualizada a la víctima, jugando un papel importante en el asesoramiento y apoyo psicológico, garantizando la continuidad de cuidados y convirtiéndose en una persona referente, cercana y accesible.
La organización sindical recuerda que la violencia contra las mujeres fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como un grave problema de salud pública en 2003, por lo que se debe valorar convenientemente los recursos que se destinan al proceso de atención sanitaria de las mujeres víctimas de violencias, cuyas demandas deben estar adaptadas a las necesidades concretas de cada mujer.
SATSE, señala que “son múltiples las manifestaciones de los distintos tipos de violencia contra las mujeres: maltrato físico, psicológico, económico, sexual,…Habitualmente no ocurren de manera aislada sino que se mantienen en el tiempo y hacen que las mujeres que las sufren se acaben sometiendo a los deseos de su agresor hasta perder su propia identidad, aumentando la morbilidad (secuelas físicas, trastornos alimentarios y del sueño, falta de autoestima, estrés, etc.) de estas mujeres y de sus hijos e hijas en muchos casos.
Por eso el sindicato considera que la prevención, el diagnóstico y la atención temprana son claves dentro del abordaje de la violencia de género y que debe formar parte indispensable del modelo social y sanitario, que “a día de hoy debería constituir una prioridad para todos los organismos públicos, incluyendo a las administraciones sanitarias, para poder ponerle fin”.
